Plan Estratégico Ascún 2016-2025

VI – Variables internas del sistema a tener en cuenta al elaborar la propuesta de una política pública desde la universidad

A – Los pilares de la política

A partir del análisis de los campos y problemas nodales, los rectores universitarios proponen la formulación de una política pública para la Educación Superior que se fundamente en los siguientes pilares, e incluya las variables que se citan:

Se propone una política de Educación Superior fundamentada en cuatro grandes pilares: calidad, equidad, pertinencia y competitividad, y sus interrelaciones, con una base de sostenibilidad financiera, en un contexto de buen gobierno del sistema y las instituciones. Se esquematiza de la siguiente manera:

Se trata de contribuir en la construcción de una política de Educación Superior que garantice la interrelación equidad-pertinencia-calidad-competitividad, con garantía de la sostenibilidad financiera requerida para el desarrollo de la política y el soporte de los principios de buen gobierno para el sistema y en las instituciones del sector.
En esta perspectiva, los alcances de la política se orientan sinérgicamente desde esta perspectiva relacional atendiendo a cambios de carácter estructural:

En la conjunción equidad-pertinencia se incluyen las siguientes variables: acceso, cobertura, requerimientos de las regiones, necesidades de inclusión, la docencia para nuevos contextos y realidades, la democratización del conocimiento, las alianzas estratégicas para aportar oferta y desarrollos para las necesidades regionales, la atención y solución a necesidades de quienes acceden a la Educación Superior, las nuevas posibilidades para quienes no tienen las condiciones de acceso y permanencia.

En la conjunción calidad-equidad se consideran aspectos tales como: calidad de la oferta, estrategias para las diferentes necesidades, preparación adecuada y atención diferenciada a quienes ingresan a la Educación Superior, articulación de los niveles de formación para permitir la movilidad del estudiante y la complementariedad de aprendizajes, y evaluación de aprendizajes para el mejoramiento del sistema.
En la conjunción calidad-pertinencia se contempla: la orientación de la oferta y de las instituciones a la atención de necesidades de las regiones y comunidades, la articulación real al sector empresarial y productivo, las capacidades para insertarse en contextos nacionales e internacionales,

En la conjunción calidad-competitividad se contempla: la capacidad de innovación y desarrollo de conocimiento de las instituciones y del sistema para mejorar las instituciones y dar solución a los problemas del entorno; los aportes a la competitividad del país en cuanto a formación de recurso humanos y generación de conocimiento, la articulación con el SNCT, la capacidad anticipatoria del sistema, los indicadores de clase mundial del sistema y de las instituciones.
En la conjunción competitividad-pertinencia se consideran: la orientación de la oferta a necesidades del país, las posibilidades de las instituciones de acceso a recursos para realizar procesos de investigación orientados a la solución de problemas sociales y productivos de las regiones y comunidades, la capacidad de incidencia de las instituciones de Educación Superior en el desarrollo del entorno y las regiones.

En cuanto a la sostenibilidad financiera: se refiere a la garantía de formular una política que tenga el respaldo en el alto gobierno y se asignen los recursos para su desarrollo e implementación, esperando retornos sociales en primera instancia y en el aparato empresarial, productivo y de competitividad, en la medida en que la sostenibilidad financiera garantice también desarrollos de innovación que permitan atender nuevas exigencias y realidades. Se plantea asimismo la responsabilidad institucional y del sistema en el uso de recursos públicos.
El contexto de buen gobierno se refiere a la incorporación de principios que garanticen los procesos de apropiación social y legitimidad de la política pública mediante mecanismos que garanticen transparencia, participación, eficiencia y uso adecuado de recursos. Estos principios de buen gobierno serán necesarios tanto para los organismos que gobiernan el sistema, como para las instituciones de Educación Superior, sean estas del Estado o privadas.

B – Alcances y propósitos de la política

La política de Educación Superior para Colombia, con miras al 2034, debería garantizar:

1. El desarrollo del potencial de quienes ingresan a la Educación Superior y de quienes hoy no pueden hacerlo por sus condiciones de desigualdad socioeconómica
Implica:

  • Superar las diferencias de preparación de quienes acceden a ella en condiciones de desigualdad y baja preparación.

  • Brindar oportunidades de formación a todos los ciudadanos, en las regiones apartadas, a quienes por dificultades sociales no han podido incorporarse a la Educación Superior.

  • Contar con un sistema de educación que reconozca sus avances y aprendizajes y permita la movilidad del estudiante, de acuerdo con sus intereses y posibilidades.

  • Reconocer diversas dificultades y causales de la deserción, para abrir alternativas a quienes por diversas razones actualmente abandonan el sistema.

  • Facilitar a las instituciones una normatividad que flexibilice las rutas de formación.

  • Favorecer la Educación Superior inclusiva, en diversas formas no tradicionales.

  • Incentivar y fomentar la innovación pedagógica y la formación de docentes para nuevos entornos de aprendizaje.

2. Una oferta de Educación Superior que responda a las necesidades de desarrollo de las regiones y del país

Implica:

  • Analizar con perspectiva de futuro las potencialidades de las regiones y las posibilidades que desde la Educación Superior se pueden convertir en un motor para su impulso, tanto en la formación de recurso humano como en la generación y aplicación de conocimiento.

  • Caracterizar las instituciones por sus fortalezas para crear redes de apoyo en ofertas pertinentes a las regiones, en las que se unan esfuerzos para consolidar programas innovadores y de alto impacto en las regiones.

  • Financiar oferta de programas que atiendan estas necesidades de desarrollo del país.

  • Articular procesos productivos con los procesos académicos.

  • Generar nuevos esquemas de formación que favorezcan inserción laboral e impulso de nuevos desarrollos empresariales y productivos.

  • Cancelar programas —reemplazarlos— que estén demostrando haber sido creados por estrategias de mercado y no obedecer a las necesidades regionales.

  • Incentivar la creación de instituciones y programas de carácter experimental y no permanente.

  • Crear ofertas regionales, con el concurso de varias instituciones.

3. Una nueva perspectiva de la calidad que aporte en la consolidación de las capacidades institucionales, de cara a las necesidades del país

Implica:

  • Poner mayor énfasis a la evaluación de capacidades institucionales para anticipar riesgos y ofrecer procesos de acompañamiento y apoyo para que las instituciones que estén en esa condición, y bajo ciertos requerimientos y compromisos, avancen en consolidar sus capacidades para ofrecer Educación Superior con altos estándares.

  • Proporcionar apoyo para fusionar instituciones de tamaño reducido y consolidar sus proyectos de cara a las necesidades de las comunidades y regiones.

  • Definir las características de las instituciones de Educación Superior de cara a la complejidad de los procesos que está en capacidad de asumir: investigación de alto impacto, investigación aplicada, formación profesional universitaria o tecnológica.

  • Aclarar el ámbito de las instituciones para el desarrollo humano y el trabajo y su diferencia y complementariedad con la Educación Superior.

4. Instituciones con presencia y aporte regional y reconocimiento internacional

Implica:

  • Fortalecimiento de instituciones en cada región y estrategias que permitan consolidar sus perfiles en ciertas áreas y campos de conocimiento para que a su vez su presencia internacional sea fuente de alianzas para desarrollar conocimientos y modelos de análisis de problemáticas transversales.

5. Nuevos y mejores esquemas de interrelación entre los procesos productivos, necesidades empresariales y la Educación Superior

  • Favorecer la puesta en marcha de estrategias de articulación horizontal y vertical que generen conocimiento sobre cómo hacerlo de manera eficaz y permitan aprendizaje en la empresa y en la Educación Superior (se parte de la identificación de las actuales experiencias exitosas y prometedoras, así como del análisis de las que han fracasado).

  • Fortalecer la creación de parques tecnológicos, centros de alta especialidad, articulando sectores de gran impacto con los centros de investigación de las instituciones.

6. El sistema y las instituciones orientadas por principios de “buen gobierno”

Implica:

  • Desde los organismos competentes, garantizar que las IES tengan prácticas de buen gobierno, cuyo objetivo sea garantizar que las funciones de poder que ejercen los órganos de dirección de ellas cumplan criterios de eficiencia, integridad y transparencia con la finalidad de generar e incrementar la confianza de la ciudadanía. Además, que los integrantes de los órganos de dirección estén comprometidos en cumplir con las políticas de buen gobierno, pues de lo contrario pierden legitimación social.

  • Garantizar a la ciudadanía que los integrantes de los máximos órganos de dirección y de gobierno de las instituciones no presentan conflictos de intereses con las responsabilidades de sus membrecías o cargos e intereses particulares o de los estamentos que representan.

  • El Ministerio de Educación Superior y de manera especial el Viceministerio de Educación Superior, fortalecer su papel de entes de fomento, regulación y coordinación.

VI – Variables internas del sistema a tener en cuenta al elaborar la propuesta de una política pública desde la universidad

A – Los pilares de la política

A partir del análisis de los campos y problemas nodales, los rectores universitarios proponen la formulación de una política pública para la Educación Superior que se fundamente en los siguientes pilares, e incluya las variables que se citan:
Se propone una política de Educación Superior fundamentada en cuatro grandes pilares: calidad, equidad, pertinencia y competitividad, y sus interrelaciones, con una base de sostenibilidad financiera, en un contexto de buen gobierno del sistema y las instituciones. Se esquematiza de la siguiente manera:

Se trata de contribuir en la construcción de una política de Educación Superior que garantice la interrelación equidad-pertinencia-calidad-competitividad, con garantía de la sostenibilidad financiera requerida para el desarrollo de la política y el soporte de los principios de buen gobierno para el sistema y en las instituciones del sector.
En esta perspectiva, los alcances de la política se orientan sinérgicamente desde esta perspectiva relacional atendiendo a cambios de carácter estructural:

En la conjunción equidad-pertinencia se incluyen las siguientes variables: acceso, cobertura, requerimientos de las regiones, necesidades de inclusión, la docencia para nuevos contextos y realidades, la democratización del conocimiento, las alianzas estratégicas para aportar oferta y desarrollos para las necesidades regionales, la atención y solución a necesidades de quienes acceden a la Educación Superior, las nuevas posibilidades para quienes no tienen las condiciones de acceso y permanencia.

En la conjunción calidad-equidad se consideran aspectos tales como: calidad de la oferta, estrategias para las diferentes necesidades, preparación adecuada y atención diferenciada a quienes ingresan a la Educación Superior, articulación de los niveles de formación para permitir la movilidad del estudiante y la complementariedad de aprendizajes, y evaluación de aprendizajes para el mejoramiento del sistema.
En la conjunción calidad-pertinencia se contempla: la orientación de la oferta y de las instituciones a la atención de necesidades de las regiones y comunidades, la articulación real al sector empresarial y productivo, las capacidades para insertarse en contextos nacionales e internacionales,

En la conjunción calidad-competitividad se contempla: la capacidad de innovación y desarrollo de conocimiento de las instituciones y del sistema para mejorar las instituciones y dar solución a los problemas del entorno; los aportes a la competitividad del país en cuanto a formación de recurso humanos y generación de conocimiento, la articulación con el SNCT, la capacidad anticipatoria del sistema, los indicadores de clase mundial del sistema y de las instituciones.
En la conjunción competitividad-pertinencia se consideran: la orientación de la oferta a necesidades del país, las posibilidades de las instituciones de acceso a recursos para realizar procesos de investigación orientados a la solución de problemas sociales y productivos de las regiones y comunidades, la capacidad de incidencia de las instituciones de Educación Superior en el desarrollo del entorno y las regiones.

En cuanto a la sostenibilidad financiera: se refiere a la garantía de formular una política que tenga el respaldo en el alto gobierno y se asignen los recursos para su desarrollo e implementación, esperando retornos sociales en primera instancia y en el aparato empresarial, productivo y de competitividad, en la medida en que la sostenibilidad financiera garantice también desarrollos de innovación que permitan atender nuevas exigencias y realidades. Se plantea asimismo la responsabilidad institucional y del sistema en el uso de recursos públicos.
El contexto de buen gobierno se refiere a la incorporación de principios que garanticen los procesos de apropiación social y legitimidad de la política pública mediante mecanismos que garanticen transparencia, participación, eficiencia y uso adecuado de recursos. Estos principios de buen gobierno serán necesarios tanto para los organismos que gobiernan el sistema, como para las instituciones de Educación Superior, sean estas del Estado o privadas.

B – Alcances y propósitos de la política

La política de Educación Superior para Colombia, con miras al 2034, debería garantizar:

1. El desarrollo del potencial de quienes ingresan a la Educación Superior y de quienes hoy no pueden hacerlo por sus condiciones de desigualdad socioeconómica

Implica:

  • Superar las diferencias de preparación de quienes acceden a ella en condiciones de desigualdad y baja preparación.

  • Brindar oportunidades de formación a todos los ciudadanos, en las regiones apartadas, a quienes por dificultades sociales no han podido incorporarse a la Educación Superior.

  • Contar con un sistema de educación que reconozca sus avances y aprendizajes y permita la movilidad del estudiante, de acuerdo con sus intereses y posibilidades.

  • Reconocer diversas dificultades y causales de la deserción, para abrir alternativas a quienes por diversas razones actualmente abandonan el sistema.

  • Facilitar a las instituciones una normatividad que flexibilice las rutas de formación.

  • Favorecer la Educación Superior inclusiva, en diversas formas no tradicionales.

  • Incentivar y fomentar la innovación pedagógica y la formación de docentes para nuevos entornos de aprendizaje.

2. Una oferta de Educación Superior que responda a las necesidades de desarrollo de las regiones y del país

Implica:

  • Analizar con perspectiva de futuro las potencialidades de las regiones y las posibilidades que desde la Educación Superior se pueden convertir en un motor para su impulso, tanto en la formación de recurso humano como en la generación y aplicación de conocimiento.

  • Caracterizar las instituciones por sus fortalezas para crear redes de apoyo en ofertas pertinentes a las regiones, en las que se unan esfuerzos para consolidar programas innovadores y de alto impacto en las regiones.

  • Financiar oferta de programas que atiendan estas necesidades de desarrollo del país.

  • Articular procesos productivos con los procesos académicos.

  • Generar nuevos esquemas de formación que favorezcan inserción laboral e impulso de nuevos desarrollos empresariales y productivos.

  • Cancelar programas —reemplazarlos— que estén demostrando haber sido creados por estrategias de mercado y no obedecer a las necesidades regionales.

  • Incentivar la creación de instituciones y programas de carácter experimental y no permanente.

  • Crear ofertas regionales, con el concurso de varias instituciones.

3. Una nueva perspectiva de la calidad que aporte en la consolidación de las capacidades institucionales, de cara a las necesidades del país

Implica:

  • Poner mayor énfasis a la evaluación de capacidades institucionales para anticipar riesgos y ofrecer procesos de acompañamiento y apoyo para que las instituciones que estén en esa condición, y bajo ciertos requerimientos y compromisos, avancen en consolidar sus capacidades para ofrecer Educación Superior con altos estándares.

  • Proporcionar apoyo para fusionar instituciones de tamaño reducido y consolidar sus proyectos de cara a las necesidades de las comunidades y regiones.

  • Definir las características de las instituciones de Educación Superior de cara a la complejidad de los procesos que está en capacidad de asumir: investigación de alto impacto, investigación aplicada, formación profesional universitaria o tecnológica.

  • Aclarar el ámbito de las instituciones para el desarrollo humano y el trabajo y su diferencia y complementariedad con la Educación Superior.

4. Instituciones con presencia y aporte regional y reconocimiento internacional

Implica:

  • Fortalecimiento de instituciones en cada región y estrategias que permitan consolidar sus perfiles en ciertas áreas y campos de conocimiento para que a su vez su presencia internacional sea fuente de alianzas para desarrollar conocimientos y modelos de análisis de problemáticas transversales.

5. Nuevos y mejores esquemas de interrelación entre los procesos productivos, necesidades empresariales y la Educación Superior

Implica:

  • Favorecer la puesta en marcha de estrategias de articulación horizontal y vertical que generen conocimiento sobre cómo hacerlo de manera eficaz y permitan aprendizaje en la empresa y en la Educación Superior (se parte de la identificación de las actuales experiencias exitosas y prometedoras, así como del análisis de las que han fracasado).

  • Fortalecer la creación de parques tecnológicos, centros de alta especialidad, articulando sectores de gran impacto con los centros de investigación de las instituciones.

6. El sistema y las instituciones orientadas por principios de “buen gobierno”

Implica:

  • Desde los organismos competentes, garantizar que las IES tengan prácticas de buen gobierno, cuyo objetivo sea garantizar que las funciones de poder que ejercen los órganos de dirección de ellas cumplan criterios de eficiencia, integridad y transparencia con la finalidad de generar e incrementar la confianza de la ciudadanía. Además, que los integrantes de los órganos de dirección estén comprometidos en cumplir con las políticas de buen gobierno, pues de lo contrario pierden legitimación social.

  • Garantizar a la ciudadanía que los integrantes de los máximos órganos de dirección y de gobierno de las instituciones no presentan conflictos de intereses con las responsabilidades de sus membrecías o cargos e intereses particulares o de los estamentos que representan.

  • El Ministerio de Educación Superior y de manera especial el Viceministerio de Educación Superior, fortalecer su papel de entes de fomento, regulación y coordinación.

VII. Objetivo operacional de la política pública

Desarrollar e implementar un modelo de sostenibilidad financiera de la Educación Superior con miras a posibilitar su transformación estratégica

El foco central de la política pública de la Educación Superior es el desarrollo de un modelo de sostenibilidad financiera que permita la puesta en funcionamiento de las variables de mejoramiento institucional sistémico conducentes al logro de los objetivos sociales de desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad. La legitimación de los recursos que se inviertan está en función directa de la utilidad social que representen; por lo tanto, en la medida en que se controlen las metas, se regulen los procesos, se evalúen los resultados y se den a conocer los impactos logrados, se crearán las pautas para el incremento y aseguramiento de nuevos recursos, con lo cual se logra la sostenibilidad del modelo de financiación.

Existe suficiente material para documentar debidamente los problemas estructurales que se han venido identificando en el proceso y son la base para la formulación de propuestas novedosas y de mayor alcance, si se trata de contribuir a la transformación de la sociedad bajo los principios conceptuales del desarrollo humano sostenible. Los problemas están concentrados en varios temas que se ponen en consideración:

  1. Arreglo institucional del sector que promueve la desarticulación, el individualismo, el corto plazo, la incoherencia, la mirada policiva del Estado, la baja calidad y alcance de las políticas públicas sin evaluación sistémica, la excesiva centralización, la debilidad técnica y un gran peso del MEN sin poderes de promover la transformación. Adicional a ello, no se cuenta con un espacio donde se piensen a fondo asuntos como el de la calidad con equidad, se renueven conceptos para una educación de masas y se dé una real apuesta por la Educación Básica y Media. Tampoco se promueve la autorregulación y no se tiene capacidad anticipatoria y prospectiva.

  2. Las bases conceptuales sobre el qué y el para qué de la Educación Superior son débiles y no se tiene una visión compartida, quedando como simples enunciados. Esas bases conceptuales deben tener un desarrollo coherente en las políticas y ser un factor esencial para su evaluación. Esas bases dan soportes suficientes para proponer un nuevo papel del Estado en la Educación Superior.

  3. Operar como sistema si se quiere realmente contribuir a la transformación de la sociedad. No hay metas como sistema; problemas como el de la deserción serían más fáciles de solucionar si lo vemos como sistema, donde con buena información un estudiante que no se acomode en un ambiente de determinada IES puede encontrar otra donde permanezca.

  4. La transformación de la docencia universitaria como mecanismo fundamental de la calidad, la pertinencia académica, el desarrollo de la investigación, la transferencia del conocimiento, la innovación pedagógica, la formación integral, la proyección social y el logro del bienestar

  5. Un modelo de sostenibilidad financiera que supere el individualismo, mire el sistema en su conjunto y a partir del concepto de bien público proponga salidas distintas e integradas para la transformación de la Educación Superior.

Por todas estas razones es imperativo hacer el esfuerzo de presentar un modelo de sostenibilidad financiera, como objeto de todo el proceso de formulación de la política pública de Educación Superior que permita asegurar al presente y en función de las futuras generaciones la prestación de un servicio con calidad, equidad y efectividad, que opere de acuerdo con los postulados y estándares acogidos a nivel mundial y que responda a las necesidades del país. A continuación, se presenta un esbozo general de lo que sería dicho modelo.

1. Financiación y regulación

La política pública está orientada a lograr el compromiso del Estado con la financiación para el desarrollo sostenible, el crecimiento, la adecuación y el fortalecimiento de la Educación Superior como mecanismo para la formación del talento humano, el fomento de la competitividad y la transformación social del país.
Dichos procesos de financiación deben estar reforzados por mecanismos permanentes y seguros de regulación que evalúen, controlen y vigilen la aplicación de los recursos y el logro de su efectividad en función de fines (exigencia de la OCDE: premisa del buen gobierno).

Como metas en lo relacionado con el financiamiento se proponen las siguientes, a ser debatidas y concretadas:

Financiación: 10% del PIB en educación; 2% en Educación Superior; 1% en ciencia, tecnología e investigación. Incremento del 10% en participación de la financiación de las IES estatales por parte de los entes territoriales.

  • 2. Institucionalidad y arquitectura del sistema de Educación Superior

    El primer propósito de la asignación de recursos públicos debe estar orientado a fortalecer la institucionalidad del sector, con especial prioridad al funcionamiento de las actividades propias del Viceministerio de Educación en lo correspondiente a dar soporte al sistema, a saber:

    Como tareas de coordinación y apoyo al funcionamiento del Sistema de Educación Superior, el Ministerio de Educación promoverá el fortalecimiento y/o creación de los siguientes subsistemas operativos y transversales que podrán operar autónomamente y en interacción con otros sectores del Estado y de la sociedad:

    • Subsistema de fomento, promoción y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en cabeza del Icfes, el CNA y la Conaces.

    • Subsistema de información de la Educación Superior SNIES.

    • Subsistema de observación laboral y de desempeño de las profesiones.

    • Subsistema de apoyo a la internacionalización de la Educación Superior.

    • Subsistema de apoyo a la investigación científica, en conjunto con Colciencias.

    • Subsistema de competitividad e innovación tecnológica en conjunto con Planeación Nacional, los ministerios correspondientes, Colciencias, las empresas industriales y económicas del país, y los organismos establecidos para tal fin.

    • Subsistema de innovación pedagógica, formación docente y tecnologías del conocimiento.

    • Subsistema de financiación y crédito para la Educación Superior en cabeza del Icetex.

    • Subsistema prospectivo y de planeación estratégica del sector.

    Los mecanismos legales y reglamentarios para la adecuación de la estructura del Sistema de la Educación Superior se consideran elementos centrales en la construcción de la política pública de la Educación Superior. Dicha normatividad debe tener en cuenta las condiciones de diferenciación, asociatividad (sinergia), autorregulación y articulación como características fundamentales del Sistema de Educación Superior.

    Se requiere la creación de un mecanismo de coordinación de las políticas del Estado relacionadas con la Educación Superior y el establecimiento de procesos de revisión de la normatividad del Estado que afectan o tienen impacto en el funcionamiento de las IES, lo mismo que para la coordinación con las entidades y procesos que no dependen directamente del Ministerio de Educación pero que en conjunto tienen que ver con la Educación Terciaria y la Formación para el Trabajo (Autoridad Nacional de Educación Superior).

    Como metas para el cumplimiento de las tareas de institucionalización y reforma de la arquitectura del sistema se proponen:

    • Proyectos de reforma legal y normativa de la Educación Superior aprobada en el año 2015, que contemplen la nueva institucionalidad del sistema con un plazo de seis meses para su implementación.

    • Documento Conpes listo para finales del año 2014, que defina un plan de acción conjunto del sistema de la Educación Superior con otros sistemas como: Básica y Media, competitividad, política exterior, política social.

    • Proyectos de reforma legal y normativa de la Educación Superior aprobada en el año 2015, que contemple la nueva institucionalidad del sistema con un plazo de seis meses para su implementación.

    • Fijación de metas para el sistema de Educación Superior antes de finalizar 2014, que estimule operar como sistema y no sea la suma de la acción de las partes.

    3. Calidad, equidad, apertura

    La formulación de la política pública de la Educación Superior parte de reconocer la calidad como presupuesto básico y esencial de los procesos formativos realizados por las instituciones, con características de transparencia y rendición de cuentas por parte de su gestión institucional. Tanto la consideración del logro de equidad y apertura del sistema como garantes de la igualdad de oportunidades, como el ejercicio de los derechos ciudadanos, se basan en la premisa del aseguramiento de la calidad como función del Estado y compromiso de las instituciones y agentes a cargo de la prestación del servicio de la Educación Superior.

    Por lo tanto, los recursos y esfuerzos del Estado deben estar orientados a garantizar la calidad y a fortalecer las estructuras y procesos de aseguramiento de la calidad que ya se han establecido y están en funcionamiento.

    Para concretar una meta específica que sirva como indicador del logro de la calidad se propone que el índice de retención de los estudiantes, en un período de cuatro años, se eleve al 50%. Si bien el índice de deserción es alrededor del 45%, variable según los tipos de instituciones y programas, y en razón de los niveles de formación y las regiones del país, cuando se propone un índice de retención como indicador se hace alusión a la necesidad de abrir las posibilidades de permanencia en el proceso de formación, lo cual implica atender factores de movilidad dentro del sistema y procesos de validación, así como reconocimiento de los aprendizajes, no solo la atención a los factores de asesoramiento y seguimiento que es necesario establecer en los programas. También es preciso atender los factores económicos de las familias, y de financiación, puesto que inciden enormemente en los procesos de deserción y el solucionarlos podría incidir en incrementar la retención y permanencia de los estudiantes.

    Una segunda meta que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad se expresa en términos de asesoría y asociatividad para que las instituciones de mayor avance apoyen a las que se encuentran rezagadas, y se podría expresar de la siguiente forma: lograr que el 20% de IES de bajo nivel estén acompañadas por IES acreditadas como factor de calidad de estas, y propender para que el 20% de los colegios públicos con pruebas Saber 11 en categoría baja estén acompañados estructuralmente por IES, siendo valorada esta acción como factor de calidad.
    Una tercera meta en lo relacionado con la calidad se refiere a los egresados, que se espera mejoren en los resultados de las pruebas Saber Pro, y que se puedan evaluar en términos de un incremento en los niveles de empleabilidad.

    4. Regionalización, CTeI, internacionalización

    Como características propias del funcionamiento del Sistema de Educación Superior se debe tener en cuenta: el favorecimiento y servicio a las regiones del país; la coordinación e interacción con las políticas de CTeI y el logro de la internacionalización como factor de movilidad académica, apoyo para el desarrollo investigativo y mecanismo para promover la presencia y actuación de las instituciones y profesionales en los ámbitos globales. Esta es una tercera área de inversión de los recursos del Estado y uso de los bienes públicos.

    Para estos efectos es necesario también asegurar recursos por parte del Estado que propendan por la ampliación de los procesos de investigación y formación de investigadores (formación de 1.000 Ph.D por año en el exterior y en los programas nacionales. Participación del MEN e Icetex e incremento del número de estudiantes extranjeros en las IES del país (5% de los estudiantes de otros países, con criterios de equidad).

    5. Pertinencia, competitividad e innovación

    El funcionamiento del Sistema de Educación Superior de cara al país conlleva la oferta de programas de formación pertinentes a las condiciones y necesidades de desarrollo y bienestar; promueve la adquisición de las competencias necesarias para participar en los mercados globales y es garante de la utilización de innovaciones tecnológicas y de los avances sociales en función de la prosperidad y la paz.

    Como metas inmediatas a cumplirse en la etapa 2014-2018 se propone el diseño e implementación de una política pública sobre el papel de la Educación Superior en el posconflicto (seis meses para el diseño).
    Una segunda meta que se propone para el período 2014-2018 es lograr la incorporación y participación de las facultades de Educación, Filosofía, Ciencias Humanas y Ciencias Básicas en el mejoramiento de la calidad de los docentes de la Educación Básica y Media.

    6. Desarrollo humano sostenible y transformación social (propuesta de la Ascún)

    A largo plazo, las políticas públicas de transformación de la Educación Superior son garantes del desarrollo de las personas en el ámbito del respeto y correcta utilización de los recursos a disposición de las actuales generaciones con vista al futuro, al igual que de la transformación de las instituciones sociales para el logro del progreso general y la debida presencia del país en los escenarios globales.


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