Plan Estratégico Ascún 2016-2025

II – El desafío de la Educación Superior en la transformación de la sociedad


Agenda para la universidad en la etapa del posconflicto y del afianzamiento de la competitividad
2014-2018

Presentación

Los rectores de la universidad colombiana elaboran el presente documento en un momento crucial para la paz en Colombia, con la esperanza de que el conflicto armado de cincuenta años de duración llegue a su fin y con la decisión de poner en ejecución las múltiples sugerencias y propuestas que sobre el papel de la Educación Superior se han elaborado, como resultado del amplio y profundo proceso de análisis y reflexión realizado a partir del año 2010.

Se tiene la esperanza de que los diálogos para la paz cimenten los pasos necesarios para reconstruir una sociedad donde predominen la justicia, la equidad, la confianza y el bienestar para todos los ciudadanos; en un momento en el cual se está logrando el diseño de una política pública para la Educación Superior; tarea para la cual el Gobierno convocó a los actores y agentes responsables del manejo de las instituciones, con el propósito de incrementar la competitividad del país y elevar el posicionamiento en la economía global.

En cuanto a la reconstrucción de un país en paz es claro que los procesos de reinserción, reincorporación, restitución y saneamiento de las poblaciones que han sido vulneradas por el conflicto corresponden a toda la sociedad y deben ser implementados desde la orientación y gestión del Gobierno nacional y de todas las agencias del sector público, contando con el apoyo decisivo y eficaz de las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones de Educación Superior y las universidades son solo un componente dentro de vasto mecanismo social, económico y cultural que es preciso diseñar para poner en funcionamiento las políticas de recuperación del país en la etapa del posconflicto. La participación en esta tarea debe estar por lo tanto inserta en políticas macro, sobre las cuales las instituciones de Educación Superior y las universidades pueden colaborar en el diseño y planeación, pero en la cuales su función debe entenderse solo como de cooperación y suplemento a los programas gubernamentales.

Algo similar, pero mucho más relevante, ocurre en cuanto al papel que puede desempeñar la Educación Superior para lograr los objetivos económicos, sociales y culturales que exige la globalización de la economía, así como la elevación de los indicadores de competitividad del país, con la conciencia clara de que la formación profesional, la búsqueda y difusión del conocimiento y la investigación en ciencia y tecnología son procesos propios de la naturaleza de la gestión académica y que por lo tanto los programas de las instituciones de Educación Superior y la Universidad cumplen un papel fundamental y protagónico, para cuyo cumplimiento y ejecución requieren el apoyo del Estado y de todas las fuerzas y agentes sociales del escenario nacional.

Esto es tanto más evidente por cuanto el resultado de la prestación del servicio de la Educación Superior es el incremento de la capacidad profesional y laboral cualificada que constituye la gran población de clase media, capaz no solo de elevar las posibilidades de producción sino el consumo de bienes y servicios y por lo tanto del incremento de los mercados, lo cual necesariamente se refleja en mayor capacidad de producción, de pago y de contribución fiscal, con los fenómenos concomitantes de elevación de los índices de bienestar y progreso económico, social y personal para más de cincuenta millones de ciudadanos a comienzos de la tercera década del siglo XXI.

El documento que se presenta tiene como objetivo presentar desde la universidad una propuesta de política pública para la Educación Superior, que señale objetivos y metas a cumplir en un período de veinte años, y que concrete las acciones y programas que se puedan realizar en el futuro inmediato del cuatrienio 2014-2018. En una primera instancia de consulta está dirigido a los rectores de las universidades. El objetivo final es la construcción de una agenda de diálogo y presentación de propuestas a los hacedores y decisores de las políticas públicas, teniendo en cuenta los cuadros directivos que conformarán el nuevo gobierno.

Los desafíos que pretende lograr el documento consisten en:

  • Llegar a una definición clara, precisa e inteligible de los problemas nodales que afectan el desempeño de la Educación Superior en el país para derivar de su análisis el marco general de la política pública de la Educación Superior.

  • Diseñar y elaborar una política a largo plazo (2034) para el desarrollo y adecuación de la Educación Superior teniendo como marco de referencia la evolución de las tendencias actuales de la Educación Superior en el mundo y contrastándolas con las realidades políticas, económicas, culturales y sociales por las que atraviesa el país y que marcan su evolución hacia el futuro.

  • Precisar las acciones prioritarias a desarrollar y fijar las metas en el plazo inmediato 2014-2018.

I. El itinerario de construcción de la política pública de Educación Superior

Ha sido largo el camino recorrido por el país para la construcción de la política pública de la Educación Superior. El itinerario comenzó con los trabajos preparatorios para la Primera Conferencia Mundial convocada por la Unesco, que implicó el análisis de la situación del sector en los años comprendidos entre la promulgación de la Ley 30 de 1992, resultado de la reforma constitucional, y el año 1996, en el cual se presentaron los resultados en la reunión de la región iberoamericana celebrada en La Habana. La Asamblea de París en 1998 terminó con una declaración en la cual se señalaron las pautas de trabajo que deberían acoger las instituciones de Educación Superior para responder a las exigencias de democratización, producto de las dinámicas de crecimiento y modificación poblacional; y para actuar como agentes en la incorporación de los países a las exigencias de la sociedad del conocimiento. Las políticas resultantes fueron de acomodación a los cambios demográficos y a las tendencias de desarrollo económico y social. Es de señalar que los esfuerzos realizados en Colombia se centraron en una cualificación de la oferta educativa mediante el establecimiento de los registros calificados para los programas; en la creación de la agencia de acreditación y la puesta en marcha de la misma, con el establecimiento de un modelo de autoevaluación y evaluación por pares, de reconocida aceptación en la región; en la promoción de la investigación de acuerdo a estándares reconocidos internacionalmente; y con el afianzamiento y ampliación de los sistemas de financiación de la demanda en función de la apertura de oportunidades de acceso y su extensión a las regiones y localidades.

Los acontecimientos de comienzos del siglo XXI con el reconocimiento del ingreso a la sociedad del riesgo mundial, que tienen su expresión en el auge del terrorismo y en el reconocimiento de los peligros que acarrea el calentamiento global, unidos a los masivos procesos migratorios y a los cambios en los perfiles demográficos de los países, preparan el camino para un nuevo planteamiento en la relación entre la Educación Superior y la sociedad. Si bien en la época de finales de siglo la pauta era de acomodación a las tendencias de innovatividad y productividad, desde comienzos del siglo se requería una acción más proactiva por parte de los Gobiernos y sus instituciones en orden a prevenir y manejar los riesgos, la cual se cristalizó en los trabajos preparatorios y en los resultados de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en el 2009. Esto influyó para que desde las agencias mundiales de desarrollo se urgiera a los Gobiernos para que intervinieran en forma más directa en la fijación de los objetivos y metas que se esperaban de la Educación Superior y para que ejercieran un control más efectivo, con indicadores verificables de resultado, sobre los procesos de formación, investigación y proyección social propios de las instituciones.

En Colombia esta tendencia se hizo más evidente a partir del año 2002, cuando se inicia una forma de gobierno signada por la dinámica de la confrontación que exigía el restablecimiento de la seguridad y la recuperación del poder del Estado en las regiones, con una clara concepción de apertura del país a la inversión internacional en orden a promover la productividad y a poder participar de los beneficios de la economía global. El tema de la apertura educativa cobra una mayor vigencia, que debe resolverse mediante un reordenamiento y redireccionamiento de los recursos invertidos en la Educación Superior, para favorecer no solo el ingreso de un número creciente de candidatos a la Educación Superior, sino la redistribución de oportunidades en las regiones, con mayor reconocimiento de los estudios técnicos y tecnológicos y la incorporación en el ámbito de la Educación Superior de todos los procesos de formación para el trabajo, dentro de lo que bajo las orientaciones del Banco Mundial se ha entendido como la Educación Terciaria.

A partir de la modificación del Icfes y la creación del Viceministerio de Educación Superior como una estructura perteneciente en su funcionamiento al Ministerio de Educación Nacional, la cooptación por parte del Gobierno central sobre los mecanismos de decisión propios de las instituciones de Educación Superior se hizo más fuerte y con mayor profundidad. Esto se ha manifestado en la creciente injerencia del Gobierno en lo relacionado con aprobación de programas, niveles de formación, ordenamiento curricular, definición y asignación de créditos académicos, establecimiento de competencias técnicas y profesionales, duración de los estudios, estándares de calidad, acreditación de programas e instituciones, gobernabilidad y participación de diferentes sectores y agentes sociales en el manejo de las instituciones, acuerdos y alianzas interinstitucionales, presencia y participación internacional, uso de nuevas metodologías e incorporación de las TIC, reconocimiento y validación de estudios, defensa e interpretación de los derechos de los estudiantes, exigencias en formación de profesores, actividad de grupos de investigación, estructuras de bienestar institucional, sistemas de extensión y servicio a las comunidades, procesos de contratación y muchos otros asuntos en los cuales la responsabilidad directa de las instituciones queda sometida a la aprobación y direccionamiento gubernamental.

Operando de acuerdo a este nuevo marco de referencia global el Gobierno nacional, a través de la gestión del Ministerio de Educación, propuso a finales del 2010 la necesidad de transformar la reglamentación que había sido sancionada como marco legal de la Educación Superior en la Ley 30 de 1992. Se dio entonces comienzo a una nueva época en la definición de la política pública de la Educación Superior que se ha surtido a través de las siguientes etapas:

En la primera etapa, que ocupa todo el año 2011, el planteamiento de los rectores universitarios a través de la Ascún, como su entidad de representación, se dirigió a señalar los cambios y modificaciones que era necesario adicionar o cambiar en el texto de la Ley 30 de 1992, en razón de las profundas transformaciones que había tenido el sector en los dieciocho años a partir de su promulgación. En este sentido se trabajó de acuerdo con los siguientes lineamientos:

  • Autonomía universitaria e inspección y vigilancia (propuesta de Ley Estatutaria de la Autonomía Universitaria).
  • Calidad, postgrado e investigación.
  • Equidad y principios de la Educación Superior.
  • Financiamiento.
  • Organización del sistema y gobierno.

La segunda etapa en la construcción de la política pública de la Educación Superior comenzó a finales de 2011, en el momento en el cual por presiones del estudiantado y de la comunidad académica el Gobierno nacional retiró de la consideración del Congreso el texto de la ley que se había radicado para consideración y aprobación del legislativo. Se tuvo entonces conciencia clara sobre la necesidad de establecer un nuevo marco general de política pública que sirviera como base a los cambios en las leyes y la normatividad y que orientara los procesos de reforma a las estructuras de manejo de la Educación Superior hacia metas precisas y consensuadas, y de acuerdo con las necesidades de cambio exigidas por los variables y muy complejos contextos económicos, sociales, políticos e históricos del país, de la región y del mundo. Se adoptó entonces el lenguaje de la reforma de la Educación Superior como un sustituto al de la reforma de la ley, que fuera el tema de la primera etapa.

En la etapa que comenzó en el 2012 y se ha continuado hasta el presente fue necesario poner en práctica los mecanismos, ejecutar los procesos y establecer los espacios de diálogo necesarios para la reflexión, estudio y análisis de la vida académica en función de las necesidades del país y las exigencias provenientes de los centros de pensamiento sobre el papel de la Educación Superior a nivel nacional e internacional (Unesco, BID, Banco Mundial) y de los grupos de interés que se organizan alrededor de la prestación y utilización del servicio de la Educación Superior: profesores, estudiantes, administradores, empresas, asociaciones y sociedad civil.

Dado que la construcción de política pública implica un juego y una competencia entre diferentes intereses y puntos de vista, y que además el proceso exige la participación desde las diferentes ópticas de los agentes de los procesos en la discusión sobre la reforma a la Educación Superior se dieron polarizaciones entre el Estado y sus agencias; entre las instituciones de acuerdo con sus diferenciaciones jurídicas, económicas, culturales y regionales; entre los estudiantes y sus posiciones ideológicas y grados y formas de organización; entre los administradores y proveedores de servicios para el funcionamiento del sistema; en los docentes según sus diferentes funciones, formación, y también desde sus posiciones sindicales, ideológicas, culturales y sociales.

El documento “Desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad. Política pública para la Educación Superior y agenda de la universidad, de cara al país que queremos”, emitido por la mesa rectoral y sancionado por el Consejo Nacional de Rectores, estableció los lineamientos de la política pública de la Educación Superior como una contribución de la universidad a la transformación de la Educación Superior en Colombia. Se propusieron cinco ejes actualmente vigentes, que se sintetizan en las siguientes proposiciones:

  • Modificar la relación entre el Gobierno y la Educación Superior.

  • Ampliar y facilitar el acceso a una Educación Superior de calidad.

  • Afianzar el papel del Estado en la financiación de la Educación Superior.

  • Fortalecer las capacidades institucionales mediante mecanismos de asociatividad.

  • Propiciar el funcionamiento de la Educación Superior como un sistema.

El proceso de formulación de la política pública ha conducido a una tercera etapa, que se ha desarrollado en 2013, iniciada mediante la gestión operativa del CESU y el Viceministerio de Educación Superior como cabezas visibles del Sistema de Educación Superior, entidades que han convocado a la Ascún y a las demás instituciones representantes del sector a la construcción del denominado Sistema Nacional de Educación Superior, con la articulación de las propuestas de solución a los problemas propios y recurrentes de la gestión de la Educación Superior y su relación e integración con el resto de las instituciones del Estado a través de una función regulatoria que vaya más allá de la simplificación administrativa (Informe OCDE, 2013). Con este propósito han operado las mesas de trabajo MEN/Ascún/Otras instituciones, cuya tarea se ha centrado en los siguientes tópicos:

I. Sistema y política pública. Énfasis en la necesidad de generar un nuevo marco de relacionamiento, a partir de definir los objetivos y propósitos del sistema, en perspectiva de por lo menos veinte años; precisar los alcances y requerimientos de los niveles de formación y su articulación con niveles precedentes y otros componentes del sistema educativo, y con el SNCTI, para que las instituciones fortalezcan sus capacidades, orienten su desarrollo y generen mecanismos de asociatividad; articulación conceptual y en la práctica, y promover esquemas de coordinación que atiendan las regiones.

II. Calidad. Énfasis en la necesidad de perfeccionar las políticas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio de la Educación Superior, de cara a los retos del crecimiento del sector, la internacionalización, el incremento de la inclusión social y los desarrollos regionales, en el marco de la Educación Superior como un derecho y un bien público.

III. Ciencia y tecnología. Énfasis en la necesidad de aportar al sistema educativo y en especial a la Educación Superior las condiciones institucionales para realizar sus tareas misionales, reconociendo que la formación en los distintos niveles y campos requiere conocimiento y para ello es necesario talento humano y recursos de infraestructura a fin de asumir los requerimientos del desarrollo científico y atender las necesidades transversales y regionales, de acuerdo con los diferentes contextos y en consonancia con las políticas y avances de los programas de fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

IV. Internacionalización. Énfasis en fortalecimiento del sistema de Educación Superior mediante políticas y mecanismos apropiados para asegurar la interacción de las instituciones y los procesos con pares internacionales, lograr reconocimientos institucionales, crear mecanismos de reconocimiento de estudios, favorecer la movilidad académica y las alianzas estratégicas con instituciones internacionales y ampliar posibilidades de acción de los beneficiarios y usuarios del sistema de Educación Superior en los contextos regional y global.

V. Financiación. Énfasis en un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo, tome en cuenta los costos crecientes y las metas del Plan de Desarrollo nacional y los nuevos paradigmas de la Educación Superior. La financiación puede redireccionar las ofertas y hacerlas más pertinentes para las necesidades. Así mismo, los recursos deben asignarse de acuerdo con las misiones diferenciadas para facilitar el cumplimiento de las metas y el desarrollo de las respectivas fortalezas.

El nuevo énfasis de transformación tiene como propósito adecuar la estructura de la Educación Superior a las condiciones de competitividad del país en su incorporación a los mercados globales con el incremento de las clases medias según las dinámicas poblacionales y demográficas que prevalecen en el mundo. Ha de enfrentarse el reto de la incorporación de las poblaciones afectadas o agentes del conflicto interno en el evento de la firma de un acuerdo de paz y el ingreso a la situación de posconflicto. Se debe realizar por medio del mecanismo de diseño y construcción de la Educación Superior como un sistema integrado e integral, a la par que articulado con los otros niveles educativos e insertado eficazmente en el marco de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, para favorecer la incorporación del país a la sociedad del conocimiento. Y requiere ejecutarse mediante un proceso de financiación para el logro de la sostenibilidad del sistema en conjunción con procesos claros de regulación por parte del Estado y de autorregulación por parte de las entidades que lo configuran.

Se espera que con la presentación de la propuesta del CESU prevista a partir de comienzos de 2014 se dé por terminada la etapa de clarificación, concreción y definición de la política pública para la transformación de la Educación Superior y se llegue a una visión integral e integradora del sistema de formación que ocurre a partir de la terminación de los niveles de Formación Básica, Media y Secundaria. Se espera, además, consenso sobre la necesidad de una visión integral e integradora para conformar el Sistema de Educación Superior (o Terciaria) que pueda aportar unidad de criterio y orientaciones para implementar los procesos de formación que inciden en la producción y productividad del país, en su funcionamiento como nación y en su posicionamiento a nivel internacional, a la par que sirva para responder a los retos coyunturales que presenta la época del posconflicto tal como queda previsto, con la esperanza de culminar los diálogos de paz.

II. Expectativas de la reforma por parte del Gobierno nacional

Para entender el direccionamiento, los ámbitos y el alcance de la política de la Educación Superior en su previsión de veinte años, es preciso analizar las expectativas de los agentes sociales sobre los objetivos, misión y cumplimiento de metas de acuerdo con las políticas generales del país.

El Gobierno nacional ha declarado y puesto en ejecución las acciones que le permitan al país incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y definido conjuntamente con dicha agencia las acciones de modificación del sistema de Educación Superior que es preciso adelantar para asegurar la aceptación en dicho club de naciones. Los temas centrales de la agenda se relacionan con los siguientes aspectos:

Reforma del sistema:

    La reforma debe centrarse en aumentar la capacidad del sistema de Educación Superior colombiano para dar cabida a más estudiantes, así como mejorar la calidad de los resultados estudiantiles en relación con el aprendizaje, la tasa de graduación y las perspectivas laborales. (p. 84)

Gobernabilidad:

    El reto consiste en encontrar formas de responder con eficacia y rapidez a las prioridades y necesidades nacionales manteniendo la flexibilidad y el compromiso local de las instituciones autónomas. (p. 78)

Acceso y equidad:

    Colombia debe intensificar los esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la Educación Secundaria y buscar la manera de proporcionar a los estudiantes de Secundaria orientación personalizada sobre sus opciones para acceder a la Educación Superior. (p. 146)

Calidad y pertinencia: las conclusiones y sugerencias se refieren a los siguientes aspectos:

    Se recomienda al Gobierno buscar otros medios para asegurar la calidad de los programas y los resultados de aprendizaje en instituciones de Educación Superior no acreditadas, en particular, en los centros privados que imparten programas de técnico profesional y tecnólogo. (p. 189)

    El equipo evaluador recomienda que se continúe trabajando para atraer a personal nuevo altamente calificado y mejorar las cualificaciones del personal existente. (p. 190)

    Se recomienda que el mayor número posible de programas de Educación Superior incluya módulos sobre competencias generales requeridos para las empresas (p. 190)

    Debería desarrollarse y aplicarse como prioridad un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) complementado con un Sistema Nacional de Transferencia de Créditos, para promover la movilidad de los estudiantes y crear canales a través del sistema. (p. 191)

Aseguramiento de la calidad:

    El equipo de análisis recomienda que el MEN incremente los recursos destinados al aseguramiento de la calidad, de modo que aumente el nivel general de calidad de la Educación Superior de manera más rápida, profunda y exhaustiva. Debe haber mayores incentivos financieros para que las instituciones demuestren que sus programas cumplen con los altos estándares de calidad, y tal vez sanciones para las instituciones cuya calidad se considere insuficiente. (p. 222)

Internacionalización del sistema:

    El equipo evaluador recomienda que se introduzca un enfoque integral general de la internacionalización, teniendo en cuenta el planteamiento adoptado de aumentar la pertinencia de la Educación Superior, el éxito de los egresados de las instituciones y, en última instancia, la incorporación de las instituciones colombianas de Educación Superior a la economía mundial del conocimiento. (p. 250)

Investigación e innovación:

    Si bien se recomienda fomentar los equipos de investigación en las universidades mediante el establecimiento de vínculos más estrechos con los órganos gubernamentales y las empresas privadas… la investigación universitaria constituye una fuente de erudición en sentido amplio, mediante la cual los profesores y los estudiantes aprenden sobre la ciencia, la tecnología y la cultura, y conservan la densidad intelectual, que es un elemento esencial de cualquier institución de Educación Superior. (p. 268)

Información y transparencia:

    El equipo evaluador recomienda que los actuales sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional se complementen con más análisis e indicadores y, si es posible, sean más fáciles de usar. (p. 286)

    fáciles de usar. (p. 286)
    El equipo evaluador recomienda establecer un marco legal para garantizar que todas las IES que reciben fondos públicos, directa o indirectamente, hagan pública su información financiera detallada de una manera estandarizada y sistemática. (p. 287)

Financiación: las recomendaciones se refieren a los siguientes aspectos:

    El Gobierno colombiano… deberá evaluar cuidadosamente la necesidad de aumentar la financiación pública por razones tanto de equidad como de calidad, y explorar la manera de movilizar los recursos adicionales que se necesitan tanto a nivel nacional como subnacional. (P. 327)

    Existe la apremiante necesidad de crear mecanismos de financiación basados en resultados para asignar una parte mucho mayor de las subvenciones públicas (p. 327)

    Para reducir los niveles de deserción escolar y mejorar la eficiencia interna el Ministerio de Educación Nacional debe basarse en las prácticas positivas de aquellas instituciones de Educación Superior que han demostrado buenos resultados mejorando la permanencia y la obtención de títulos. (p. 327)

    Cualquier propuesta de reforma financiera debe ir acompañada de una buena estrategia de consulta y de comunicación para conseguir el apoyo de los ganadores potenciales y reducir los riesgos políticos. (p. 328)

III. La universidad y la Educación Superior en el marco de las políticas nacionales de competitividad

El acceso a una educación pertinente y de calidad es indispensable para reducir la desigualdad, incrementar la productividad laboral y transformar el aparato productivo de un país.

Con la creación del Sistema Nacional de Competitividad Colombia definió en la Visión 2032 llegar a ser el tercer país más competitivo de América Latina, con un nivel de ingreso per cápita equivalente al de una nación de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.

En el reciente Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 se reconoce que no hay avances en los últimos cuatro años, En 2009 el país se ubicaba en el puesto 69 entre 133 países. Cuatro años después se encuentra en la misma posición entre 148 países. Plantea también que lograr crecimientos sostenidos en el tiempo requiere prioridades porque deben implementar a profundidad dos tipos de agenda: una horizontal, o de inversión, para mejorar los fundamentales microeconómicos en todos los sectores de forma transversal —tales como la mejora en la calidad de educación— y una agenda vertical o de cambio estructural que apunte a fomentar la transformación del aparato productivo colombiano a partir de abordar las distorsiones y cuellos de botella que limitan la productividad de sectores existentes y el surgimiento de nuevos sectores o actividades económicas de mayor productividad.

En cuanto al estado del avance de la Agenda Nacional de Competitividad (primer semestre 2013), en el cuadro siguiente se muestran importantes puntos de avance, pero también se evidencian retrasos y asuntos con retrasos significativos; nótese que en educación y en ciencia y tecnología se da un importante grado de avance, lo cual, en relación con la educación, la ciencia, tecnología e innovación es un factor motivante y comprometedor para que estos dos procesos transversales puedan avanzar en cambios estructurales y no solo de mejoramiento.

Según el más reciente Reporte Global de Competitividad 2013-2014, del Foro Económico Mundial, Colombia ha hecho esfuerzos importantes por mejorar el acceso a la educación, al igual que su calidad y su pertinencia, pero de manera preocupante ocupa el puesto 98 en los pilares de Educación Primaria y Salud —luego de perder trece posiciones— y el puesto 60 en el de Educación Superior y Formación para el Trabajo, entre 148 países; y según el Anuario de Competitividad Mundial del Institute for Management Development (IMD), entre 60 países Colombia ocupa el puesto 58 en el pilar de Educación. Este pilar incluye indicadores de gasto público, cobertura, calidad y pertinencia de la educación, entre otros. (Informe Nacional de Competitividad. Educación, p. 24)

La cobertura en Educación Superior se empieza a acercar a la meta que se ha fijado el Gobierno (50%). Sin embargo, incluso si la alcanza Colombia se encontrará rezagada en el contexto latinoamericano, al situarse detrás de países como Cuba (115%), Venezuela (78%), Argentina (71%), Uruguay (63%) y Chile (59%). Los grandes avances se han dado principalmente por la matrícula del SENA, permitiendo que se cumplan las metas de reducir la brecha entre la matrícula universitaria y la de programas TyT, pero se ha hecho en perjuicio de garantías mínimas de calidad de esta formación. Por otra parte, se menciona que según diversos estudios, el factor que más incide sobre la calidad de la educación es la calidad de los docentes, y es preocupante que quienes ingresan a la Educación Superior para formarse como profesores en Ciencias de la Educación muestran bajos resultados en la prueba Saber 11.

IV. Un buen diagnóstico como punto de partida para una buena política pública

La importancia de seleccionar los problemas cuando de diseño de políticas públicas se trata implica garantizar que la selección debe ser lo más legítima y sensible posible con las exigencias de la ciudadanía y otros actores.

Dado que la construcción de política pública implica un juego y una competencia entre diferentes intereses y diferentes puntos de vista, y que además el proceso exige la participación de los agentes de los procesos, en la discusión sobre la reforma de la Educación Superior se dieron polarizaciones entre el Estado y sus agencias; entre las instituciones, de acuerdo con sus diferenciaciones jurídicas, económicas, culturales y regionales; entre los estudiantes y sus divergentes posiciones ideológicas y grados y formas de organización; entre los administradores y proveedores de servicios para el funcionamiento del sistema; y entre los profesores según sus diversos papeles, formación, y también desde sus posiciones sindicales, ideológicas, culturales y sociales.

Añádase que, en el proceso de construcción de política pública, como era de esperarse, se abrieron desde el Estado las puertas para la participación de todos los sectores a través de foros, asambleas, reuniones, uso de medios electrónicos y programas de opinión, y se manifestaron por lo tanto los intereses de otros autores y agentes, tales como las empresas, los sindicatos, las federaciones, las regiones y los padres de familia.

De enorme importancia ha sido la manifestación y el procesamiento de información sobre los intereses y posiciones de los diferentes sectores del país, pues han enfrentado a los gestores académicos con la necesidad de mirar más allá de las paredes del aula y los establecimientos educativos, para elaborar respuestas que se afiancen en el cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos sobre las necesidades reales de formación para el trabajo, para la técnica e innovación y para el ejercicio de las profesiones. No se puede seguir diseñando el ejercicio académico de la docencia/aprendizaje solo a partir de los marcos disciplinarios, sino que es preciso contrastarlos con su capacidad de modificación y perfeccionamiento de los contextos sociales, culturales y económicos en los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales.

Como era de esperarse, la abundancia de participación se reflejó en una enorme y dispersa variedad de temas, al igual que de maneras de percibir los problemas, que oscilan desde aspectos muy puntuales como los sistemas de calificación y evaluación a la par con la asistencia a clases, pasando por asunto neurálgicos como el pago de las matrículas y obligaciones económicas y la remuneración de los docentes, hasta desembocar en asunto mayores como el incremento de la oferta académica según áreas disciplinarias y niveles de formación (maestrías y doctorados), los reconocimientos de títulos a nivel internacional, los problemas de la deserción y las enormes restricciones a la empleabilidad de los graduandos, y problemas como los de la pertinencia de los procesos de formación profesional y con relación a los esfuerzos de investigación adelantados desde las universidades. Se han puesto en discusión los problemas presentados en el manejo de regalías y el papel de Colciencias en cuanto a la política de CTI; el SENA, de cara a la oferta de programas de Educación Superior; las instituciones para el Desarrollo Humano y el Trabajo. También, asuntos relacionados con el sistema, su desarticulación con los niveles precedentes, la relación de las instituciones con el Gobierno y las dificultades del sistema de aseguramiento de la calidad.

Se han puesto en evidencia variadas posturas de los actores frente al papel de la Educación Superior, a las posibilidades reales del CESU en la construcción de política pública y los resultados del amplio y complejo proceso de “Diálogos en Educación Superior” llevado a cabo desde el MEN y el aporte de las mesas temáticas sobre asuntos prioritarios para la Educación Superior.


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