Etapas y Realizaciones en la Formulación de las Políticas de Educación Superior

E – Responsabilidad social universitaria. Aportes para el análisis de un concepto

Resumen

Este escrito parte de considerar los diferentes y complejos significados que tienen los conceptos de sociedad y universidad, y el papel que realiza el Estado en la mediatización de la relación entre universidad y sociedad. Se explica luego lo que se puede entender como responsabilidad universitaria, con relación al cumplimiento de las funciones universitarias en un contexto de pertinencia. Dicho contexto de pertinencia se clarifica mediante la exploración de lo que significa el diálogo de los saberes entre la universidad y la sociedad. A continuación, se consideran las connotaciones que el término ‘social’ implica en la definición del concepto de responsabilidad social universitaria (RSU) y se define como tarea de la universidad, a través de sus proyectos de carácter social, la generación de conocimiento pertinente sobre dicha problemática y sus posibles soluciones.

Universidad y sociedad

Pareciera que el tema de la responsabilidad social de la universidad estuviera agotado. Son tantos los documentos, las declaraciones, las tomas de posición y las actividades que cada una de las instituciones de la Educación Superior en el mundo han adelantado, que debiera reconocerse el haberse dicho cuanto se debiera haber dicho, y que se está haciendo todo lo que se debiera hacer. No obstante, es un asunto que merece la máxima atención, tanto por su relevancia actual, como por el peso que ejerce en la vida y el desarrollo de las instituciones de Educación Superior. Por esta razón es preciso seguir reflexionando y enfatizar lo esencial, añadir nuevos tópicos y derivar respuestas a los retos que enfrenta la universidad al finalizar la primera década del siglo XXI

Implícita en el concepto de responsabilidad universitaria está la honda relación que existe, y ha existido siempre, entre la universidad como institución social y la sociedad que le ha dado origen. Para una comprensión adecuada de esta relación es preciso definir primero lo que se entiende por sociedad y por universidad; pasar luego a considerar la responsabilidad implícita existente entre los dos sujetos de la relación, al objeto de clarificar el ámbito de la responsabilidad universitaria en el ámbito de la pertinencia, y pasar luego a realizar consideraciones sobre ‘lo social’ como un aspecto que ha adquirido especial relevancia en las circunstancias actuales de dicha relación.

Si bien el nacimiento de la universidad ocurrió en los albores de la sociedad occidental, en el mundo actual es impensable una nación en la cual no exista la universidad como servicio para la provisión de la formación profesional, el incremento y difusión del conocimiento, y como abanderada en la creación y configuración de una cultura y un pensamiento propios para cada país. De esta forma la universidad forma parte y es considerada como una institución de la sociedad que cumple objetivos concretos y desempeña funciones en relación con la sociedad general y con cada una de las otras instituciones o componentes que configuran a la sociedad.

Como sociedad se entiende además algo aparentemente comprensible, pero en realidad de enorme complejidad. En primera instancia, sociedad significa el Estado que reconoce a la universidad y le permite su actividad como generadora y difusora del conocimiento. Sociedad son también los gobiernos que en el ejercicio de sus políticas emiten las reglamentaciones y fijan las reglas del juego para el desempeño universitario. Sociedad son además las demás instituciones sociales, es decir, sistemas de comunicación que en el escenario de su creciente complejidad y diferenciación definen los ámbitos de interacción ciudadana en lo que hace relación a la familia, la educación, el trabajo, la empresa, la industria, la banca, la economía, las ideologías, las religiones, las orientaciones políticas, el transporte, la infraestructura, el urbanismo, los recursos naturales, la geografía humana, la dinámica demográfica y poblacional, los medios de comunicación, las relaciones internacionales, la recreación, el deporte y el fomento de las artes, los idiomas y la cultura en general. Todos ellos implican puntos de interacción con la universidad, bien en su conjunto, es decir, considerados como sistema social, o en su modo de operación, esto es, tomados por aparte y en su particular especificidad. De ahí la enorme complejidad que adquiere un término aparentemente sencillo como el de la relación universidad-sociedad, cuando se lo desglosa y analiza en sus orientaciones e intencionalidades, en su dinámica y poder, y en sus modos de ocurrencia y operación. Según Niklas Luhmann (1998), hay sociedad allí donde hay comunicación, y por lo tanto observación e interrelación. La sociedad es el telón de fondo donde operan los diferentes sistemas que configuran a la sociedad. La sociedad en sí misma no es un sistema sino el contexto en el cual se dan las múltiples comunicaciones e interacciones que configuran los diferentes sistemas.

    La sociedad es pura comunicación y por lo tanto es sólo posible acercarse a ella mediante distinciones. La sociedad no opera como una gigante estructura que nadie ha visto. Más bien las relaciones que se aprecian entre los seres humanos concretos se hacen dependientes de una orientación que se refiere a formas de comunicación. (p. 20)

No menos complejo es el vocablo ‘universidad’, y señalar esto es pertinente cuando se trata de clarificar la relación entre universidad y sociedad. En el común del imaginario social puede significar todos aquellos procesos educativos que ocurren una vez terminada la Educación Media, especialmente cuando estos conducen a la obtención de un diploma o certificado que permite el acceso a un empleo, o el ejercicio de una actividad, profesión u oficio, y se confunde por lo tanto con lo que en términos más exactos podría denominarse Educación Terciaria.

En general por universidad las gentes entienden aquella institución que confiere títulos profesionales y por lo tanto, al otorgar un diploma al estudiante que ha cumplido con los requerimientos académicos, lo habilita para acceder al mercado del trabajo profesional, bien en calidad de empleado o bien en el ámbito del ejercicio independiente de la profesión. Las profesiones implican un conocimiento superior en las áreas disciplinarias del conocimiento científico con un nivel básico o mayor de profundidad que se traduce en los títulos conferidos (grados y posgrados), los cuales a su vez hacen relación al tiempo dedicado a los estudios y a los niveles de exigencia en la formación profesional.

En una visión más especializada del término ‘universidad’ y con mayor precisión jurídica, se hace otra distinción cuando se admite que la formación profesional puede realizarse en instituciones de Educación Superior, sin que todas ellas sean reconocidas a su vez como universidades.

En la Ley 30 de 1992 se encuentran los siguientes artículos:

    Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.

    Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y posdoctorados, de conformidad con la presente ley.

    Artículo 20. El ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la vigencia de la presente ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener:

  1. Experiencia en investigación científica de alto nivel.

  2. Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen los primeros.

  3. Facúltase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, establezca los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del presente artículo.

  4. Estos requisitos harán referencia, especialmente, al número de programas, número de docentes, dedicación y formación académica de los mismos, e infraestructura.

De esta forma, en la normatividad establecida por los Estados se reconocen como universidades solo aquellas instituciones que hayan cumplido ciertos requisitos, en especial lo relacionado con el ámbito de las disciplinas del saber y muy especialmente con el énfasis en los procesos de investigación, producción y difusión del conocimiento.

Claramente se entiende entonces que en el análisis de la relación entre universidad y sociedad se dan diferentes y variables posibilidades según se establezcan los conceptos: como Educación Terciaria, como Educación Superior o como universidad propiamente dicha.

El Estado como mediador

Teniendo como telón de fondo la complejidad de los vocablos ‘universidad’ y ‘sociedad’, es posible comenzar el análisis de la responsabilidad universitaria como forma de respuesta de la universidad a las exigencias de la sociedad, a partir de los derechos que la sociedad, a través de la Carta Política, configurativa del Estado, concede a los ciudadanos y a sus organizaciones. Es base de una sociedad democrática reconocer a sus ciudadanos y a sus organizaciones la libertad de pensamiento y consagrar por lo tanto el derecho que tienen tanto ellos como sus organizaciones a efectuar procesos en búsqueda de la verdad, cualquiera sea la manera como esta se quiera o se pueda concebir.

La Carta de los Derechos Humanos dice:

    Artículo 18.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

    Artículo 19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La investigación científica es una de las formas propias de acceso a las evidencias que pueden ser concebidas como verdad mediante la exploración de las fronteras que establece el estado de la técnica al que se haya llegado en la indagación disciplinaria. Es tarea de la investigación científica, no solo explorar, sino correr y ampliar las fronteras de las disciplinas, con lo cual se afirma que la tarea de las instituciones del conocimiento, entre las cuales la más reconocida es la universidad, que no solo investiga, sino que forma e informa, es precisamente la de explorar, la del avance y el progreso de la ciencia como fundamento de la libertad de pensamiento, sin la cual no es posible el desarrollo:

    La ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno que avance firmemente hacia un estado final. Nuestra ciencia no es conocimiento (episteme); nunca puede pretender que ha alcanzado la verdad, ni siquiera el sustituto de esta que es la probabilidad. Pero la ciencia tiene un valor que excede al de la mera supervivencia biológica; no es solamente un instrumento útil; aunque no puede alcanzar ni la verdad ni la probabilidad, el esforzarse por el conocimiento y la búsqueda de la verdad siguen constituyendo los motivos más fuertes de la investigación científica. (Popper, 1996, p. 259)

Por lo tanto, en el sustrato de la relación universidad-sociedad, cuando la sociedad es democrática existe y se da el respeto a la libertad de pensamiento y por lo tanto a la libertad de investigación y de formación en las disciplinas del conocimiento:

    Ocuparse de la ciencia es una empresa muy vaga y arriesgada. La investigación y los conocimientos científicos están siempre abiertos a la crítica puesto que todo conocimiento es esencialmente incompleto, una más o menos probable aproximación a la verdad. La naturaleza abierta del conocimiento científico presupone a su vez apertura en la vida intelectual de la comunidad científica. Solamente el intercambio libre y tolerante de opiniones, donde los científicos sean iguales frente a la verdad y donde la significancia de sus argumentos se determine únicamente por su valor científico, puede favorecer el desarrollo de las ideas científicas. Cada vez que los argumentos son reemplazados por la autoridad (no importa si esta es intrínseca o extrínseca a la ciencia) pone en peligro la apertura del conocimiento científico, hace de él algo cosificado y final y por lo tanto frena su desarrollo. (Bojadjieva [s. f.], p. 229)

La formación profesional que resulta como fruto del ejercicio científico de búsqueda del conocimiento es semilla del liderazgo capaz de propulsar a la sociedad por nuevos senderos de progreso, bienestar y equidad.

Como corolario, la sociedad a través del Estado reconoce, defiende y exige que la universidad cumpla con su función científica y la provee con los medios para realizarlo, lo que se entiende como autonomía universitaria:

    La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, se reconoce a las universidades: – El derecho a darse y modificar sus estatutos, nadie más lo puede hacer. Es una consecuencia del mandato constitucional que reconoce a las universidades el derecho de regirse por sus propios estatutos de acuerdo a la ley; – Designar sus autoridades académicas y administrativas; – Crear y desarrollar sus programas académicos; – Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; – Otorgar los títulos correspondientes; – Seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y – Establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. (Ley 30 de 1992, artículo 28)

Por su parte, si para una institución de Educación Superior no es prioridad la investigación como búsqueda de los saberes, sino simplemente la transferencia de los mismos y la formación de sus estudiantes en las disciplinas del conocimiento, la sociedad solo le concederá a través del Estado un grado relativo de autonomía. Vale decir, que solo si existe y se demuestra la investigación científica como generadora, difusora y formadora en el mismo conocimiento se podrá hablar de plena autonomía. Lo que también significa que solo cuando el Estado en cumplimiento del contrato social universitario provea los medios, podrán conseguirse los avances en la ciencia que aseguren la autonomía plena y la existencia real de la Universidad:

    El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 consagra la autonomía universitaria en estos términos: “Se garantiza la autonomía unversitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley […] El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo […] (Monroy, 2004, p. 41)

Es el famoso dilema: “¿qué es primero, el huevo o la gallina?”, que al no ser resuelto adecuadamente, como ocurre en los países denominados subdesarrollados o en proceso de desarrollo, tiene como consecuencia el que tampoco existan universidades pleno sensu, o el que solo accedan a dicho estatus algunas pocas instituciones que bien por transferencia de recursos públicos o por dotación con rentas propias sean capaces de incursionar en la producción y generación del conocimiento científico y en la formación profesional de líderes con base en la producción, manejo y utilización del conocimiento

Otro ámbito de clarificación en la relación universidad-sociedad es el relacionado con la concepción que se tenga de la Educación Superior como “servicio público” o como “bien público”:
En la comunicación final de la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior (París, 2009) se afirma:

    La Educación Superior como un bien público es la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad, especialmente de los gobiernos […] La Educación Superior como un bien público y una estrategia imperativa para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y apoyo económico para todos los gobiernos”.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. (Artículo 26, parágrafo 1.º)
El servicio público es un producto elaborado, manejado y controlado para provisionar su acceso a los ciudadanos. El derecho de acceso al servicio público implica el pago de los costos del mismo por parte de los usuarios. Se pueden dar subvenciones por parte del Estado. El servicio público puede ser administrado y provisionado no solo por entidades oficiales, sino también por firmas comerciales u otros agentes del sector privado. Los bienes públicos son aquellos a los cuales se tiene libre acceso; su consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para otros y su uso simultáneo no genera exclusividad (la defensa ciudadana, el alumbrado público, el medio ambiente, las plazas cívicas). Su provisión no puede ejecutarse eficientemente a través del mercado, por lo que generalmente se realiza a través de la acción de organismos públicos (gobiernos nacionales, regionales o municipales) o a través de asociaciones de diverso tipo.

La discusión sobre si la universidad y la Educación Superior en general son un servicio público o un bien público, tiene por lo tanto una connotación sobre el pago de los costos de acceso a él. Podría sintetizarse en el hecho de que la prestación del servicio tiene que ser costeada, tanto por la sociedad a través del Estado, como por los beneficiarios del servicio; y que es necesario propender por que el acceso al conocimiento, que es en sí un bien público proporcionado por la universidad, sea lo más amplio posible en beneficio de toda la colectividad. De esta forma la sociedad delega en el Estado la reglamentación de la prestación del servicio y el Estado a su vez debe ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento científico para todos los ciudadanos, aspecto en el cual es preciso además tener en cuenta el reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los investigadores y generadores del conocimiento.

En la preparación del documento de políticas para la Educación Superior en Colombia 2010-2014 “Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior”, se tuvo en cuenta la discusión sobre los temas de bien público y servicio público de la Educación Superior, realizada por el grupo focal que colaboró en la redacción, y al respecto, como conclusión, se afirmó:

    En Colombia el carácter la educación como servicio público cultural quedó establecido en la Constitución Política de 1991, pudiendo este proveerse por parte del Estado y de los particulares. Sin embargo, conviene considerar la educación como bien público y como servicio público, sin antagonismos, como hechos complementarios.

    Como bien público la Educación Superior es un patrimonio nacional que debe salvaguardar la identidad nacional. La Educación Superior produce bienes públicos como el conocimiento, y bienes privados como la competencia profesional, y ella debe ser defensora del bien común y del bien público. Al mismo tiempo, la Educación Superior como bien público que genera beneficios comunes y que los multiplica (entre más se use, más se reproduce), debe ser protegida por el Estado y por la misma sociedad civil (por ejemplo, de las pretensiones de comercialización, de las huelgas). Aquí radica en gran parte la responsabilidad para con la Educación Superior. No se dan sin embargo las condiciones económicas y estructurales que permitan el acceso gratuito a la Educación Superior por parte de grandes poblaciones, por lo que es necesario apoyar desde el Estado, a la par que la financiación de la educación oficial, los esfuerzos que realizan las poblaciones, las comunidades, los padres de familia y los sectores privados de la producción para la financiación de quienes pueden acceder a dicho nivel educativo.

    La Educación Superior como servicio público debe asumirse en su función de “servir” a la sociedad a la cual se debe, trascendiendo la connotación meramente comercial como producto. Crea la infraestructura y produce las externalidades sobre la cuales es posible construir la sociedad en todos sus aspectos, especialmente en lo relacionado con los factores económicos y productivos. Es necesario desde esta óptica, crear conciencia sobre la corresponsabilidad que tienen todos los actores sociales para el desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento de dicho servicio. (pp. 35-36)

Como consecuencia de la reflexión sobre los temas anteriores, la tarea de la universidad en la búsqueda, difusión y formación en los saberes de las disciplinas científicas, y de la provisión del servicio público de la Educación Superior, se deduce que la relación universidad-sociedad está necesariamente mediada por las tareas y funciones del Estado como gestor y representante del bien común. En la legislación y normatividad correspondientes deberían darse por lo tanto las dos dimensiones. Una ley estatutaria u orgánica reconocería la esencia universitaria en lo que toca con la búsqueda, difusión y formación en los saberes de las disciplinas científicas. Y las leyes ordinarias consagrarían los derechos de los asociados para acceder a una formación superior en las profesiones derivadas de las disciplinas del conocimiento como servicio público provisionado por las instituciones que conforman este nivel superior. De esta forma se materializaría el concepto de responsabilidad universitaria en su doble dimensión, como responsabilidad de la sociedad a través del Estado, y como responsabilidad de las instituciones de Educación Superior a través de su gestión de servicio público.

La discusión sobre este tema, que se relaciona con la reforma de la Ley 30 de 1992, se encuentra en el documento de Ascún “Estudios de base sobre la Ley 30 de 1992” (octubre de 2010). Al respecto, en el artículo sobre institucionalidad, la doctora Patricia Linares Prieto escribe:

    El ejercicio de la autonomía plena por parte de las universidades públicas y privadas supone una normativa legal que, por estar orientada a la regulación de un derecho fundamental y un servicio público, reclama del Congreso la expedición de una ley estatutaria, que debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de instituciones que convienen cumplir sus objetivos sin interferencia de los poderes públicos, pero articulados a la sociedad que las reclama y las protege. (p. 58)

Pero también estas consideraciones permiten deducir que la relación universidad-sociedad no se agota solo con el reconocimiento y la aceptación de la mediación del Estado, sino que es preciso profundizar además en el papel que deben desempeñar la universidad y la Educación Superior en el ámbito de las relaciones con todos los agentes o componentes sociales, tal como fueron relacionados en este escrito.


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