Etapas y Realizaciones en la Formulación de las Políticas de Educación Superior

V – La esperanza sostenida (2014-2018)

El tiempo transcurrido entre los años que cubren esta última etapa ha estado signado por una situación de contradicción entre lo que significó la tarea compartida de pensar el futuro de la educación a largo plazo (documento CESU, 1934) y la imposición gubernamental orientada a lograr a corto plazo el cumplimiento de las orientaciones (imposiciones) de la OCDE sobre la configuración del sistema de Educación Terciaria. Sin desconocer las bondades que tiene una posición de apertura e interrelación, que favorece enormemente a los usuarios del sistema, la posición rectoral, como se desprende de la lectura del primer aparte, se orientaba hacia la sugerencia de establecer una autoridad o estructura gubernamental coordinadora que pusiera en funcionamiento el diseño e implementación de los procesos educacionales conducentes al logro de la productividad, la competitividad y la empleabilidad, pero manteniendo la diferencia entre los múltiples y muy complejos agentes que deben intervenir para lograr dichos objetivos. Dicha posición es también clara en el espíritu del documento publicado por el CESU y el Viceministerio de Educación bajo del título “Acuerdo por lo Superior 2034”, que forma parte del presente capítulo; el cual a su vez fue el resultado de la participación y logro de consensos entre todos los actores que están a cargo de los procesos de formación postsecundaria en todos sus niveles y posibilidades.

Sin embargo, con la posesión de los nuevos dignatarios del gobierno en los puestos de mando del sector educativo, y principalmente con la imposición de los artículos de la nueva ley del Plan de Desarrollo Nacional, claramente se vio que el conjunto de medidas estructurales para la puesta en funcionamiento de cuatro sistemas complementarios (SNET, MNC, Sistema de Calidad y Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos Académicos) propendían por una estandarización y sometimiento que borraba con el codo los grandes propósitos que habían madurado los agentes participantes en la construcción del “Acuerdo por lo Superior”. Ante esta situación, los rectores se pronunciaron con dos declaraciones: la primera sobre el SNET propiamente dicho y la segunda sobre la orientación de la denominada Superintendencia de la Educación Superior.

Como en la Ascún siempre ha predominado la actitud de diálogo con las autoridades gubernamentales y ante la necesidad de colaborar en la construcción de los nuevos sistemas, se incluyen en los apartes del presente capítulo cuatro apartes dedicados en primera instancia a favorecer la puesta en funcionamiento de las propuestas gubernamentales, a estudiar las evaluaciones realizadas por la OCDE, a sintetizar los resultados de las mesas de trabajo Ascún/MEN sobre la construcción del SNET, y en última instancia a elaborar un gran marco de referencia para las actividades universitarias en lo que significa el manejo de la situación del posconflicto, dado que la voluntad de las poblaciones participantes y afectadas por la confrontación estuvieran dispuestas a integrarse a la corrientes democráticas, de un país en paz para todos los ciudadanos.

A – Ascún. Construcción de política pública para la Educación Superior, retos 2014-2018

La Ascún, como representante de la universidad colombiana, ha participado activamente desde su fundación en los procesos de elaboración de políticas públicas para la Educación Superior. Esta tarea ha sido de especial importancia en los eventos ocurridos a partir de finales de 2010, cuando el Gobierno nacional propuso la necesidad de reformar la Ley 30 de 1992. Han sido múltiples y muy variados los aportes que se han presentado al país, al Gobierno nacional, a las instituciones de Educación Superior, a los sectores productivos y a la opinión pública en lo relacionado con los objetivos, fines, metas y procedimientos que es preciso poner en operación para el perfeccionamiento y transformación del sector de la Educación Superior en cumplimiento de sus fines específicos de cara al país que queremos; y para la adecuación a los requerimientos de cambio que exige la incorporación del país a los mercados globales en contextos de alta competitividad y extrema complejidad política y social.

Proceso de construcción de política pública de Educación Superior

En el período transcurrido entre 2010 y 2013 se pueden señalar por lo menos tres etapas en lo relacionado con la elaboración y diseño de las políticas de Educación Superior. En la primera etapa, que ocupa todo el año 2011, el planteamiento se dirigía a señalar los cambios y modificaciones que era necesario adicionar o cambiar en el texto de la Ley 30 de 1992, en razón de las profundas transformaciones que había tenido el sector en los dieciocho años a partir de su promulgación.

Es de señalar la enorme importancia del papel del Estado a través del Ministerio de Educación y del entonces creado Viceministerio de Educación Superior, en los temas relacionados con regulación de la oferta académica, promoción de la calidad mediante el establecimiento de estándares mínimos, procesos de acreditación, exámenes de estado; ampliación de la oferta de programas académicos a nivel nacional como respuesta a la creciente demanda y las exigencias de las regiones del país; adecuación de los procesos de formación técnica, tecnológica y profesional para ajustarlos a los requerimientos y estándares internacionales, con favorecimientos a la movilidad profesoral y estudiantil; énfasis en el fortalecimiento de la investigación y el perfeccionamiento de los programas de posgrado conducentes a títulos de maestrías y doctorados; incremento de cupos para atender la demanda estudiantil y favorecimiento de los sistemas de financiación; y en general, cambio en todos los procesos internos de las instituciones. Todos estos y muchos otros aspectos relacionados con gobernabilidad de las instituciones, regionalización, establecimiento de sistemas de créditos académicos, funcionamiento de nuevas agencias del Estado como el CNA, la Conaces y otros, hacían necesario revisar en profundidad el articulado de la Ley 30 de 1992, que había sido promulgada antes de la Reunión Mundial de la Educación Superior promovida por la Unesco en 1998 y de su posterior edición en el 2009, eventos que aceleraron y profundizaron en el país los cambios señalados.

La segunda etapa en la construcción de política pública de la Educación Superior comienza a finales de 2011, en el momento en el cual por presiones del estudiantado y de la comunidad académica el Gobierno nacional retira de la consideración del Congreso el texto de la ley que se había radicado para consideración y aprobación del legislativo. Se tuvo entonces conciencia clara sobre la necesidad de establecer un marco general de política que sirviera de base a los cambios en las leyes y la normatividad y que orientara los procesos de reforma a las estructuras de manejo de la Educación Superior hacia metas precisas y consensuadas, de acuerdo con las necesidades de cambio exigidas por los variables y muy complejos contextos económicos, sociales, políticos e históricos del país, de la región y del mundo. Se adoptó entonces el lenguaje de reforma de la Educación Superior como un sustituto al de reforma de la ley, que fuera el tema de la primera etapa

En esta etapa, que comenzó en 2012 y ha continuado hasta el presente, fue necesario poner en práctica los mecanismos, ejecutar los procesos y establecer los espacios de diálogo necesarios para la reflexión, estudio y análisis de la vida académica en función de las necesidades del país, las exigencias provenientes de los centros de pensamiento sobre el papel de la Educación Superior a nivel nacional e internacional —Unesco, BID, Banco Mundial— y los grupos de interés que se organizan alrededor de la prestación y utilización del servicio de la Educación Superior: profesores, estudiantes, administradores, empresas, asociaciones.

Dado que la construcción de política pública implica un juego y una competencia entre diferentes intereses y puntos de vista, y que además el proceso exige la participación desde las variadas ópticas de los agentes de los procesos, en la discusión sobre la reforma de la Educación Superior se dieron polarizaciones entre el Estado y sus agencias; entre las instituciones, de acuerdo con sus diferenciaciones jurídicas, económicas, culturales y regionales; entre los estudiantes y sus divergentes posiciones ideológicas y grados y formas de organización; entre los administradores y proveedores de servicios para el funcionamiento del sistema; y entre los profesores y docentes según sus roles, formación, y posiciones sindicales, ideológicas, culturales y sociales.

Añádase que en el proceso de construcción de política pública, como era de esperarse, se abrieron desde el Estado las puertas para la participación de todos los sectores a través de foros, asambleas, reuniones, uso de medios electrónicos y programas de opinión, y se manifestaron por lo tanto los intereses de otros autores y agentes, tales como las empresas, los sindicatos, las federaciones, las regiones y los padres de familia.

De enorme importancia ha sido la manifestación y el procesamiento de información sobre los intereses y posiciones de los diversos sectores del país, pues han enfrentado a los gestores académicos con la necesidad de mirar más allá de las paredes del aula y los establecimientos educativos para elaborar respuestas que se afiancen en cumplir las expectativas de las gentes sobre las necesidades reales de formación para el trabajo, para la técnica e innovación y para el ejercicio de las profesiones. No se puede seguir diseñando el ejercicio académico de la docencia/aprendizaje solo a partir de los marcos disciplinarios, sino que es preciso contrastarlos con su capacidad de modificación y perfeccionamiento de los contextos sociales, culturales y económicos en los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales.

Como era de esperarse, la abundante participación de la gente, los usuarios y agentes de la gestión académica, se reflejó en una enorme y dispersa variedad de temas, que oscilaban desde aspectos muy puntuales como los sistemas de calificación y evaluación hasta la asistencia a clases, pasando por asunto neurálgicos como el pago de matrículas y obligaciones económicas, y la remuneración de los docentes, para desembocar en asunto mayores como el incremento de la oferta académica según áreas disciplinarias y niveles de formación (maestrías y doctorados), los reconocimientos de títulos a nivel internacional, los problemas de la deserción, las enormes restricciones a la empleabilidad de los graduandos y problemas como la pertinencia de los procesos de formación profesional y en los esfuerzos de investigación adelantados desde las universidades.

Sin dejar de considerar los aportes muy valiosos recogidos desde las diferencias de sus autores, el proceso de formulación de la política pública ha conducido a una tercera etapa, que prevaleció en los últimos meses del 2013, en la cual se trató de reducir la complejidad mediante el reconocimiento de la necesidad de transformar la Educación Superior en su totalidad con el objeto de dar respuesta eficaz a los requerimientos del país en su situación actual.

El nuevo énfasis de transformación que se está comenzando a ejecutar, a) tiene un propósito: adecuar la estructura de la Educación Superior a las condiciones de competitividad del país en su incorporación a los mercados globales con el incremento de las clases medias de acuerdo a las dinámicas poblacionales y demográficas que prevalecen en el mundo; b) debe cumplir una tarea: enfrentar el reto de incorporar las poblaciones afectadas o agentes del conflicto interno en el evento de la firma de un acuerdo de paz y el ingreso a la situación de posconflicto; c) se debe realizar mediante el mecanismo de diseño y construcción de la Educación Superior como un sistema integrado e integral, a la par que articulado con los otros niveles educativos e insertado eficazmente en las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, para favorecer la incorporación del país a la sociedad del conocimiento; y d) debe ejecutarse por medio de un proceso conjunto de financiación para lograr la sostenibilidad del sistema en conjunto con procesos claros de regulación por parte del Estado y de autorregulación por parte de las entidades que lo configuran.

Es preciso señalar que en esta etapa iniciada con la gestión operativa del CESU como cabeza del sistema, no se trata de proponer una serie de políticas públicas sobre diferentes asuntos puntuales de la Educación Superior, sino de construir un eje central de política pública denominado Sistema Nacional de Educación Superior, en el cual prevalece la concepción de operatividad sistémica y se realiza con la articulación de las opciones y propuestas de mejoramiento o solución a los problemas propios y recurrentes en la gestión de la Educación Superior y su relación e integración con el resto de las políticas públicas del Estado para lograr una política regulatoria que vaya más allá de la simplificación administrativa (Informe OCDE, 2013).

Se espera que, con la presentación de propuesta pública que se espera ser presentada por el CESU a partir de comienzos de 2014, se afiance esta etapa de clarificación, concreción y definición, y conduzca a una visión integral e integradora de la formación que ocurre a partir de terminarse los niveles de formación básica, media y secundaria; y que se llegue a un consenso sobre la necesidad de una Autoridad Nacional del Sistema de Educación Superior —o Terciaria— que pueda aportar unidad de criterio y orientaciones para la acción de todos los procesos de formación que inciden en la producción y productividad del país, en su funcionamiento como nación y en su posicionamiento en el nivel internacional.

Agenda de construcción de política pública 2014-2018

Con el objetivo de precisar las metas y definir las acciones que se deben tomar desde la Ascún como agenda de trabajo para el período 2014-2018, es preciso señalar que los trabajos realizados, los documentos elaborados y la participación de múltiples actores en la elaboración de la política pública para la Educación Superior señalan metas y objetivos precisos hacia los cuales es preciso orientar las actividades de la Ascún y sus entidades afiliadas.

Dichos procesos se refieren a:

1.º. Afianzar las actividades del sector educativo en general y de la Educación Superior en particular conducentes a la preparación del país para su incorporación a la OCDE en el marco de los estándares internacionales y su adecuación a las realidades culturales, económicas y sociales del país.

2.º. Diseñar e implementar el trabajo de todas las instituciones y organizaciones que realizan e implementan tarea de Educación Superior o de Educación Terciaria para que funcionen como un sistema unitario e integrado, en coordinación y articulación con otros sistemas y subsistemas nacionales.

3.º. Desarrollar un modelo de financiación para el sector de la Educación Superior que no solo permita la sostenibilidad del sistema y de sus instituciones, sino que asegure además su pertinencia, ampliación y cualificación en función de la dinámica de progreso de la sociedad en su conjunto y en sus instancias regionales y locales.

4.º. Poner en funcionamiento los mecanismos de regulación estatal, autoevaluación y autorregulación institucional, que afiancen las características o notas de calidad, apertura, sinergia, pertinencia, equidad, gobernabilidad e internacionalización, como características inherentes al funcionamiento del sistema

5.º. Visualizar el desarrollo de la Educación Superior en perspectiva de los próximos veinte años (2033) y asegurar la expansión de cubrimiento según las dinámicas poblacionales del país, y el incremento de la calidad de sus instituciones de acuerdo con los estándares previstos en los rankings de las instituciones de clase mundial.

6.º. Lograr las adecuaciones estructurales y reglamentarias que permitan dar respuesta desde la Educación Superior y sus instituciones a problemas coyunturales como los que enfrenta el país en el momento actual con la incorporación de las poblaciones afectadas y vulnerables en la situación de posconflicto.

Como acciones y metas para cumplir los objetivos se propone incluir en la agenda de la Ascún y sus asociadas las siguientes metas y acciones a ser desarrolladas en el período 2014-2018:

  1. Propiciar las actividades académicas de las IES conducentes a la selección, formación y capacitación de los maestros de la Educación Básica, Media y Secundaria como factores para el incremento de la calidad de la educación en el país; propiciar el uso de las TIC; afianzar la formación en un segundo idioma (inglés) y mejorar los procesos de evaluación a nivel de las instituciones, como indicadores del logro de la calidad en los procesos de enseñanza/aprendizaje. (Sugerencias formuladas en el Informe del Consejo Nacional de Productividad).

  2. Proponer al país el establecimiento de una Autoridad Nacional de la Educación Terciaria que: actúe como orientadora de los programas de formación en todos los niveles, desde la capacitación para el trabajo —incluyendo el SENA— hasta los programas de posgrado; fije las metas de formación según los requerimientos, necesidades y posibilidades de los sectores de la producción y servicios a nivel oficial y privado; mantenga interacción permanente con todas las organizaciones y entes reguladores del Estado en búsqueda de una coherencia regulatoria y reglamentaria (sugerencia de la OCDE); realice permanente estudio y análisis de las tendencias en la formación terciaria y de Educación Superior tanto a nivel nacional como internacional, y actúe como árbitro en la definición de las competencias propias de cada uno de los sectores que forman parte del sistema. (Propuesta presentada al CESU por la mesa de trabajo Ascún/MEN/Otras instituciones, en 2013, a ejemplo de la Junta Directiva del Banco de la República y la Autoridad Nacional de Televisión).

  3. Fortalecer las actividades del Viceministerio de Educación Superior para que continúe aportando al Sistema de Educación Superior los servicios relacionados con:

    • Subsistema de fomento, promoción y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en cabeza del Icfes, el CNA y la Conaces.
    • Subsistema de información de la Educación Superior (SNIES).
    • Subsistema de observación laboral y de desempeño de las profesiones
    • Subsistema de apoyo a la internacionalización de la Educación Superior.
    • Subsistema de apoyo a la investigación científica, en conjunto con Colciencias.
    • Subsistema de competitividad e innovación tecnológica en conjunto con Planeación Nacional, los ministerios correspondientes, Colciencias, las empresas industriales y económicas del país, y los organismos establecidos para tal fin.
    • Subsistema de innovación pedagógica, formación docente y tecnologías del conocimiento.
    • Subsistema de financiación y crédito para la Educación Superior en cabeza del Icetex.
    • Subsistema prospectivo y de planeación estratégica del sector.
  4. Establecer con claridad las condiciones y características que deben demostrar las instituciones de Educación Superior para adelantar programas en las áreas de humanidades, ciencias y artes (de acuerdo con las clasificaciones internacionalmente aceptadas) según los grados de formación; reformar sustancialmente o suprimir las tipologías establecidas a partir del Decreto Ley 80 de 1908 y de la Ley 30 de 1992 (técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias, universidades); y promocionar para que cada institución ofrezca los programas que desee desarrollar en el ámbito de su autonomía y de acuerdo con los requisitos, procedimientos y características que se establezcan en convenio entre el Estado y las instituciones.

  5. Construir un mecanismo independiente del Ministerio de Educación que, como órgano de la Autoridad Nacional de Educación Terciaria, vigile y controle el uso y manejo de los recursos de la Educación Superior, entendida como bien público, y establezca pautas reconocidas y estandarizadas para la rendición de cuentas y la promoción de transparencia en la gestión institucional.

  6. Propiciar la incorporación de las IES a los planes de desarrollo regional; establecer mecanismos claros, precisos y verificables para participar en la ejecución de los programas de regalías; y fortalecer las asociaciones de IES regionales conducentes a su fortalecimiento y adopción de buenas prácticas.

  7. Favorecer los procesos de asociatividad de las IES entre sí y con otras instituciones tanto públicas como privadas, a nivel local, regional, nacional e internacional, conducentes a favorecer la movilidad estudiantil, el perfeccionamiento profesoral, la utilización de bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo; la realización de los programas de bienestar, y el afianzamiento de las actividades de proyección social en beneficio de las comunidades.

  8. Desarrollar programas específicos, en colaboración con las entidades del Estado y la sociedad civil, para incorporar las poblaciones vulnerables y las afectadas por el conflicto, mediante su capacitación, formación y perfeccionamiento en las competencias necesarias para participar en actividades productivas y la prestación de servicios a las comunidades.

B – CESU: “Acuerdo por lo Superior 2034”

El “Acuerdo por lo Superior 2034” es el resultado de la inteligencia colectiva de los protagonistas y representantes del sistema, conscientes tanto de las actuales debilidades como de las fortalezas y desarrollos que deben mantenerse.

El documento presenta una descripción del estado actual del sistema de Educación Superior colombiana, los retos definidos para este como resultado del diagnóstico y análisis del período, la manera como el Ministerio y el CESU convocaron la participación del país y la forma como los consejeros trabajaron los documentos y definieron lineamientos en las áreas de estructura del sistema, calidad, ciencia, tecnología e innovación, sostenibilidad, regionalización, comunidad académica, educación inclusiva, nuevas modalidades educativas e internacionalización.
Para favorecer la comprensión del lector en torno a las actividades y lógicas que acompañaron el proceso, a continuación se desarrollan los contenidos en tres secciones:

La primera, identificada como “De un movimiento de reforma a una política pública”, explica qué es una política pública de Educación Superior y por qué el CESU considera esta apuesta como condición sine qua non para asegurar la solidez del sistema de Educación Superior en los próximos años y hace un recuento detallado de todo el proceso y las fases cumplidas para llegar a este documento a partir de la identificación diagnóstica de los problemas nodales del Sistema de Educación Superior.
La segunda sección, llamada “La política pública para una nueva Educación Superior”, parte de la concreción por parte del CESU de un texto sobre misión, visión y valores del sistema de Educación Superior, así como las propuestas centrales de política pública para cada uno de los problemas nodales identificados.

La tercera sección, identificada “El Plan Estratégico”, presenta, a partir de una línea base, cuantitativa y cualitativa, cómo sería la proyección del sistema de Educación Superior, y sus metas previstas, a partir del escenario derivado de las propuestas de política pública.
Como se podrá apreciar, el texto documenta un proceso en permanente mejora, siempre abierto, en razón de la dinámica propia de la academia y la evolución del conocimiento y su impacto social.
El CESU continuará siguiendo en primera línea el desarrollo de los acontecimientos, será vigilante y activo proponente y promotor para que los gobiernos que en adelante sean elegidos reconozcan este “Acuerdo por lo Superior 2034” como la carta de navegación que debe seguir Colombia a fin de que la Educación Superior o por lo superior se posicione donde todos queremos que esté.

A continuación se presentan apartes del documento síntesis elaborado con la coordinación del CESU/Viceministerio de Educación Superior como resultado del trabajo conjunto de los agentes que intervienen en la prestación del servicio de Educación Superior, en todos los niveles y sectores:

    Para proyectar la Educación Superior por medio de una política pública en Colombia, para los próximos veinte años, se deben entender los desafíos y retos del Sistema de Educación Superior que exige el siglo XXI, estructurar estrategias y desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo, para movilizar los recursos y fuentes de financiamiento necesarios para el cumplimiento de las metas y garantizar un financiamiento sostenible que permita la expansión y diversificación del sistema y el fortalecimiento de la calidad en la Educación Superior.

    “Acuerdo por lo Superior 2034”: marco de acción prioritaria de política pública para la Educación Superior” es el resultado de tres años de análisis y debate en el país en torno de cuál debe ser la educación postsecundaria —o Superior— de calidad que requiere y espera Colombia para las próximas dos décadas.

    La Educación Superior pasó a ocupar primeros lugares en la agenda de los medios de comunicación y la política pública cuando, en 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos propuso al país como tema prioritario de la agenda pública una reforma al sistema de Educación Superior que buscaba permitir un mayor acceso con equidad e inclusión, mejorar la calidad y pertinencia de la educación para un mundo globalizado, incorporar mayor innovación y desarrollo científico, y un mayor nivel de financiamiento y rendición de cuentas para las IES. Todo ello como condición para construir un país con mayor equidad social, mayores niveles de conocimiento y mejores condiciones de vida para los ciudadanos, que permitieran construir un país para la paz.

    De esta manera se constituyó en una importante oportunidad para que el país abriera nuevos espacios de análisis y concertación en torno de cuál es la responsabilidad del Estado y de todos los estamentos de la sociedad en torno de su Educación Superior, sus fuentes de financiamiento, su calidad, cobertura, niveles de oferta e internacionalización, entre otros aspectos.
    El Ministerio de Educación Nacional, después de un amplio proceso de discusión pública, foros, talleres y encuentros de carácter nacional y regional con el sector académico y la sociedad en general, presentó un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, a consideración del Congreso de la República, que buscaba regular el servicio público de la Educación Superior.

    Sin embargo, la reacción de algunos sectores académicos y especialmente del estudiantado, que dieron origen a la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil – MANE, que consideraba que no había sido suficientemente discutido y concertado, llevó al retiro del proyecto.
    No obstante el retiro del proyecto de ley, en 2012, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, se reiniciaron los procesos de diálogo y discusión alrededor de lo que debiera ser una política pública para los próximos veinte años, y a comienzos de 2013 se entregó el proceso al CESU, máximo órgano asesor del gobierno en Educación Superior, creado por la Ley 30 de 1992, el cual cuenta con el mayor nivel de representatividad de toda la comunidad académica, y también con voceros del sector productivo y del Estado, para liderar el ejercicio de análisis y proyección de la política pública a partir de los aportes del país.

    De esta manera, y por primera vez en los veinte años de vigencia de la Ley 30, del 28 de diciembre de 1992, los protagonistas del sistema enfrentaron la posibilidad real de que el país debía asumir una nueva realidad social, cultural y económica, muy distinta a la de 1992. Ya, hacia 1999, Colombia había vivido un importante proceso de reflexión en torno de la llamada Movilización Social por la Educación Superior (direccionado entonces desde el Icfes, que era la entidad de fomentar y vigilar las instituciones del sistema), que permitió conocer de cerca el sistema, mas esta no se concretó en una propuesta de reforma o de política pública.

    Este ejercicio colectivo hizo brotar la reflexión en torno a la necesidad de que todos los actores de la sociedad unan esfuerzos para contribuir a superar estas situaciones, así como a incrementar los indicadores que permitan proyectar naciones competitivas. En ese escenario se reconoce el papel protagónico de la educación, los alcances de sus programas de formación y, especialmente, la integración e interacción de la misma con el sistema social y productivo del país, como dinamizadores sociales.

    Es así como entre 2011 y 2013 Colombia vivió positivamente una revolución intelectual en torno de la misión, responsabilidad, alcances, fuentes de financiamiento y corresponsabilidad entre el Estado nación, los entes territoriales y los gobiernos locales, las instituciones de Educación Superior, las organizaciones privadas y las comunidades académicas. La gran movilización (eventos, foros, diálogos regionales y documentos técnicos, entre otros), reflejada en www.cesu.edu.co, muestra el dinamismo y la preocupación del país por demostrarse capaz de encontrar un camino en el que todos los colombianos puedan sentirse orgullosos de la formación y aportes de su sistema de Educación Superior.

    La revisión de los distintos componentes del sistema educativo colombiano, así como las dinámicas del mundo moderno en torno a este tema crucial del desarrollo, evidenció la necesidad de diseñar una política pública de Educación Superior para Colombia, que tenga un profundo impacto para romper el inercialismo y propiciar un ajuste frente a los principales desafíos y problemas que se han identificado a lo largo de las deliberaciones adelantadas por el CESU. Este cambio profundo tendrá por supuesto un carácter estratégico, lo que significa que debe incorporarse como eje principal una visión o mirada de largo plazo en relación con el futuro de la Educación Superior en nuestro país.

    Si se asume que la Educación Superior tiene un papel estratégico en el desarrollo del país, no basta con hacer ajustes parciales o de carácter gradual al modelo de Educación Superior que se plasmó a partir de la implementación de la Ley 30 de 1992 en las últimas dos décadas. Se requiere un replanteamiento de fondo, una revisión radical del modelo y su sustitución bajo un enfoque de relacionamiento que implique un cambio en las políticas públicas y en el diseño de un nuevo sistema de Educación Superior. Las políticas vigentes se han trazado teniendo en cuenta únicamente la dimensión de servicio público.

    Algunos de los derroteros de estas políticas para reestructurar el sistema de Educación Superior y responder a los desafíos de calidad, equidad, financiamiento, organización y cobertura del sistema, entre otros, deben ser:

    a) Promover un sistema de Educación Superior de alta calidad, flexible y en interacción dinámica con las regiones, los territorios y articulado a los contextos globales. Este es el eje medular de la propuesta y requiere una enorme voluntad política para romper dicho inercialismo e incrementalismo. Para ello habrá que definir, en primer lugar, las metas estratégicas, el norte u horizonte deseado que el país requiere en tres ciclos de temporalidad: corto (año 2018), mediano (año 2024) y largo plazo (año 2034), lo cual supone articular las propuestas aquí formuladas al debate público para que sean parte integral del próximo plan de desarrollo del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, liderar una movilización nacional para configurar un Plan Decenal 2014-2024 para la Educación Superior.

    b) Promover políticas públicas que garanticen una educación pertinente e inclusiva que tenga como referente la excelencia académica en todos sus niveles y facetas. Esta política pública debe convertir a la Educación Superior articulada con la Básica y la Media y la formación para el trabajo y el desarrollo humano en una verdadera impulsora del desarrollo del país. También debe construirse sobre los saldos positivos del posconflicto y el logro de la paz, escenario que permitirá liberar recursos destinados para la guerra y dirigirlos a favor de la civilización y defensa de los derechos humanos, incluyendo metas prioritarias en equidad, regionalización y tomando como referente la sostenibilidad ambiental. Debe enfrentarse con una planeación prospectiva bien delineada el reto de la ampliación escalar y diferenciada de la cobertura en los distintos niveles del sistema, buscando al mismo tiempo elevar sustancialmente los estándares de calidad, tanto de la formación como en la generación de saberes de distinto orden, articulados a las necesidades del país.

    c) Esta política pública debe tener como centro a los protagonistas del acontecer educativo, facilitar y promover su movilidad, el aprendizaje continuo, la generación de nuevos saberes y tener como referente la educación a lo largo de la vida en contextos de apertura e internacionalización.

    d) Una política pública de Educación Superior debe garantizar la sostenibilidad de sus fines a través de un adecuado diseño institucional de sus medios. En esto se incorporan los recursos financieros o presupuestales de orden público de manera prioritaria, pero entendiendo que se requiere la concurrencia de los entes territoriales, las familias y la sociedad civil en su conjunto y el uso eficiente y razonable de los propios recursos que apalanque y movilice el sistema de Educación Superior y las instituciones educativas que lo integran.

    La segunda entrega del documento, además de las metas de largo plazo al 2034, se situará en otros dos momentos: uno de corto plazo, que correspondería al final del próximo cuatrienio presidencial, es decir, el año 2018, que representan aproximadamente cuatro años de acciones de política pública para el logro de metas parciales que vayan en la dirección estratégica aquí anotada; y, en segundo lugar, un plan decenal de Educación Superior al 2024 que, igualmente, permita definir un segundo momento con indicadores para evaluar y ajustar las metas estratégicas a largo plazo de la política pública de Educación Superior que aquí se propone.

    Por esto, la política pública que se pretende impulsar puede verse como un proceso dinámico, cuyo efecto no es eliminar el problema mediante un enunciado, sino transformar el comportamiento de los actores o grupos de interés relacionados con el problema, como ocurre en el contexto de la producción industrial y la conservación del medioambiente o su sostenibilidad, que propende porque quienes contaminen modifiquen sus procesos de producción o ajusten sus comportamientos industriales para ser ambientalmente responsables.

    En este documento, por lo tanto, se contempla una propuesta de política pública y de sistema de Educación Superior que tenga como horizonte el año 2034. Sugiere que el país se dé una posibilidad para el despliegue y la concreción de los objetivos de política pública por lo menos por las dos siguientes décadas. Esto permitirá dar un salto cualitativo que sea realmente significativo y que incida en los problemas que actualmente se han identificado y ponga al país en primera línea en materia de Educación Superior en América Latina.

    El debate nacional surgido en 2011 permitió reconocer que hay una normativa, procedimientos y actores que deben ser replanteados, si se aspira a que la calidad sea un referente indiscutido del sistema, pero también, y especialmente, un modelo de articulación de medios y fines que respondan a una Colombia que anhela, trabaja y decididamente le está apostando a la paz, a una nación que debe prepararse para el posconflicto, la tolerancia, la convivencia y la armonía, y que esto depende, en gran medida, del ejemplo, las prácticas pedagógicas, los mecanismos de participación, equidad, inclusión y presencia nacional que haga su Educación Superior.

Estructuración de la propuesta. CESU: “Acuerdo por lo Superior 2034″

Muchos de estos asuntos fueron materia de discusión en el proceso participativo que desde el MEN y el CESU condujeron al “Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la Educación Superior en Colombia en el escenario de paz”105. Este documento expresa como gran objetivo de la Educación Superior contribuir para hacer de Colombia un país de paz, y en razón de este gran propósito considera que debe orientar la política pública de Educación Superior a trabajar por y en:

1. Educación inclusiva: con su política de acceso, permanencia y graduación que tenga en cuenta a las minorías étnicas y grupos vulnerables; el fomento de todas las modalidades de formación: Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria, y la cobertura universal en el acceso.

2. Calidad y pertinencia, para lo cual se propone que las regiones del país tengan oferta de calidad, y la creación de una Agencia Nacional de la Calidad para articular los esfuerzos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

>3. Investigación, incluida la innovación social, además de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se propone potenciar alianzas y centros de investigación para atender la problemática de las regiones con miras a solucionar sus problemas y con mayor pertinencia en cuanto a los esfuerzos de generación de conocimiento.

4. Favorecer la regionalización, para lo cual se propone fomentar la presencia de las IES con oferta de calidad y programas de investigación y extensión como pilares de la transformación y el desarrollo local de forma articulada con el sector productivo.

5. Articulación de la Educación Superior con la Educación Media y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en un tránsito hacia un sistema de Educación Terciaria que propone articular los diferentes niveles con alta flexibilidad en la formación y múltiples proyecciones de formación.

6. Mejores condiciones para la comunidad universitaria con miras a asegurar espacios y requerimientos para el estudio, investigación y extensión, así como la promoción de su activa participación y rendición pública y transparente de cuentas, que mejoren la gestión y el gobierno de las instituciones de Educación Superior.

7. Favorecer nuevas modalidades educativas, para lo cual se propone el uso y apropiación de las TIC y que las IES las asuman en sus procesos internos y modalidades de oferta académica.

8. Incorporación de la internacionalización, por lo cual se propone que las IES tengan estándares internacionales que les permitan desarrollar proyectos competitivos en el escenario global. Se promoverá la doble titulación; la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes; la homologación de saberes y el bilingüismo.

9. Para mejorar la estructura y gobernanza del sistema se propone tener como referente las particularidades de las instituciones y las regiones, la descentralización de procesos, la revisión de la tipología de las IES y la creación de una Superintendencia de Educación Superior que optimice los procesos de inspección y vigilancia del sistema.

10. Para la sostenibilidad financiera del sistema se anuncia que la política deberá impulsar un nuevo modelo de financiamiento, en el que haya concurrencia y corresponsabilidad del Estado, la sociedad y el sector productivo. Se trabajará para que en las IES públicas el presupuesto se asigne equitativamente basado en el desempeño, no habrá ánimo de lucro, y se buscarán mecanismos que permitan el subsidio progresivo hacia la gratuidad en el ingreso para quienes deseen acceder al sistema.

C – Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 – Educación Terciaria: un nuevo desafío

Si bien el “Acuerdo por lo Superior 2034” propuesto por el CESU y el Viceministerio de Educación con la participación activa de todos los sectores involucrados definió un hito en la prospectiva de la Educación Superior en Colombia, el Gobierno nacional consideró prioritaria la necesidad de establecer a corto plazo, durante este período, el sistema de Educación Terciaria, en cumplimiento de los criterios y para el logro de los compromisos adquiridos en lo relacionado con el ingreso a la OCDE. Por esta razón consagró el concepto de Educación Terciaria en la Ley del Plan de Desarrollo y enfocó todas sus baterías para lograr el cumplimiento de dicha política, que incluye además la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y la puesta en ejecución del Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos Académicos, junto con un redimensionamiento del Sistema Nacional de Acreditación. Paralelamente, ha hecho énfasis en el diseño del Plan Decenal de Educación, en el cual incluye la Educación Superior, no solo los niveles Básico y Secundario, como había ocurrido en planes anteriores. En este sentido la Ascún ha colaborado con el Gobierno a través de los siguientes mecanismos.

    DECLARACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

    El Consejo Nacional de Rectores, organismo máximo de la Asociación Colombiana de Universidades, que congrega 84 instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, se reunió de forma extraordinaria para analizar distintos hechos que acontecen en el sector y con los cuales se llevan a cabo los cambios en la Educación Superior del país. Como resultado de las deliberaciones, se expresa al señor Presidente de la República, a la señora Ministra de Educación Nacional, al Congreso de la República y a la sociedad en general, que comparte la necesidad de una transformación del sector educativo para contribuir de manera más efectiva al desarrollo del país y sus regiones. Así lo ha manifestado la Ascún en diferentes escenarios, respaldada en los documentos: “Desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad”, “Llamado a los candidatos a la Presidencia de la República 2014-2018”, y en las propuestas presentadas por las mesas Ascún-MEN como aporte al diálogo sobre Educación Superior coordinado por el CESU. Preocupa a la comunidad académica que esta reforma se esté adelantando de manera fragmentada, en ausencia de la revisión integral del marco normativo que requiere la configuración y desarrollo de un nuevo sistema de educación, el financiamiento, fomento, inspección y vigilancia de la Educación Superior, junto con los demás sistemas y herramientas creados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), cabe la pregunta de si el hecho de haberlo creado en un Plan Nacional de Desarrollo lo convierte en una política de Estado. Dado que se trata de una reforma estructural y de largo plazo que compromete no solamente el cambio de la nomenclatura, niveles de formación, tipología de las instituciones y nuevos organismos de gobierno, se abren muchos interrogantes frente al fundamento constitucional de transformar el sistema educativo por vía gubernativa, sin escuchar o consultar a sus actores. Antes de seguir avanzando por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Educación Nacional en la definición de nuevos pilares, niveles, tipologías institucionales, instrumentos de medida, mecanismos de vigilancia, denominaciones y requisitos para los programas de licenciaturas, se propone que se asuma esta oportunidad para hacer una convocatoria nacional que involucre de manera participativa a todos los actores e interesados, como lo señala la Constitución. Esta convocatoria es indispensable para adelantar una revisión integral y diseñar el sistema educativo que requiere el país, sus componentes, articulaciones, su marco normativo, así como la gobernanza del sector, con miras a fortalecer al Ministerio de Educación Nacional. La universidad colombiana demanda un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Nacional y los distintos actores y agentes responsables del desarrollo productivo y de la ciencia, tecnología e innovación; también solicita mantener y divulgar información transparente con base en indicadores sólidos que aporten a la construcción de política pública para el fortalecimiento de la educación. En este sentido, modelos como el MIDE desdibujan el papel de la Educación Superior, induciendo un enfoque homogeneizador que no reconoce la realidad del país. La metodología de trabajo del MEN, que privilegia las llamadas socializaciones, ha llevado a que las universidades sean notificadas de hechos cumplidos, decisiones y resultados apresuradamente divulgados por los medios de comunicación y, como en el caso del MIDE, con deficiencias conceptuales y metodológicas, desconociendo la complejidad de las funciones misionales universitarias, afectando la imagen social de la Educación Superior. Este hecho, además, ha debilitado la credibilidad del Ministerio al asumir una función que no le corresponde, como es la de establecer rankings que propician contradicciones con los procesos de evaluación y certificación de la calidad construidos durante más de veinte años con reconocimiento de las comunidades académicas nacionales e internacionales. La universidad, en ejercicio de su autonomía responsable, reitera el deber de participar en un proceso estructural con visión de corto, mediano y largo plazo, que permita contar con políticas públicas y de Estado más acordes a los complejos desafíos, partiendo de las fortalezas y potencialidades de la Educación Superior, como lo son la diversidad tanto de instituciones públicas como privadas que prestan el servicio sin ánimo de lucro y a múltiples poblaciones. Comparte con el Gobierno el interés de centrar los esfuerzos en el mejoramiento de la calidad y hace un llamado para considerar y actuar en consonancia con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y los requerimientos de un esquema de sostenibilidad financiera, tanto de la Educación Superior como en materia de ciencia, tecnología e innovación, respaldado con los recursos necesarios establecidos en el presupuesto general de la nación. El Consejo Nacional de Rectores continuará orientando esfuerzos individuales y participando en ejercicios colectivos para fortalecer la presencia de la universidad colombiana como institución social y del conocimiento al servicio del país y propendiendo en forma permanente por la autorregulación para un ejercicio responsable de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente.

    La Asociación Colombiana de Universidades está al servicio de los propósitos nacionales, y sus directivos y comunidades académicas siempre dispuestos a contribuir en una agenda participativa de transformación de la educación. Para ello, los rectores convocan a sus comunidades académicas y científicas a participar activa y propositivamente con el MEN en el análisis y construcción de las propuestas, con la mirada crítica y dialógica que caracteriza al mundo universitario.

D – Control y vigilancia

Consideraciones y marco conceptual para elaborar la posición de la Ascún frente a una eventual propuesta de creación de la Superintendencia de la Educación Superior


Introducción

La evolución de las relaciones entre el Estado y la universidad se ha complejizado en razón de las funciones que los ciudadanos esperan de los gobiernos en la supervisión del ejercicio de sus derechos, por una parte; y por la otra debido a los cambios mismos en la naturaleza del servicio que proveen las instituciones de Educación Superior ante el incremento de la demanda por parte de los beneficiarios y la multiplicación de las alternativas y procesos de formación profesional que se pueden y se deben ofrecer. Por estas razones, el cumplimiento de los mandatos institucionales que hacen referencia a la inspección y vigilancia ha adquirido dimensiones que van más allá de la ampliación de la oferta, la supervisión de la calidad de la misma, la creación de oportunidades de acceso y la utilización de los conocimientos y competencias adquiridas mediante el ingreso a los mercados profesionales.

Consideraciones jurídicas

  1. Las superintendencias son organismos de la administración concebidos como una “policía administrativa”, que significa un poder del Estado para limitar la acción de los particulares. En concepto explicado por el tratadista Jaime Ossa Arbeláez, lo justifica por la necesidad de mantener “parámetros de tranquilidad, seguridad y salubridad públicas” (Ossa, 2000, p. 544).

  2. El tratadista citado anteriormente, vuelve a referirse a las superintendencias como “las áreas más significativas de la actividad punitiva de la Administración” (p. 624). Ello explica la razón por la cual su creación es restrictiva, se limita a las señaladas en la Constitución Política y a las creadas por ley.

  3. Las superintendencias cumplen la función de inspección y vigilancia otorgada al presidente de la república y delegadas a ellas en virtud de la ley. Para los casos existentes hasta ahora, se refieren a campos específicos como el comercio, la banca, la vigilancia privada, el subsidio familiar, las sociedades de la salud. Son dirigidos a entidades que prestan servicios que requieren una especialidad en el control para la seguridad de los usuarios y asociados.

  4. En el tema de la educación la inspección y vigilancia se encuentra limitado por el principio constitucional de la autonomía universitaria. De allí que la vigilancia no es discrecional de la administración, sino sometida a la reserva legal.

Consideraciones de carácter administrativo

La propuesta para el establecimiento de una Superintendencia de Educación Superior parece centrarse específicamente —como es lo propio de estos organismos ideados originalmente para la denominada “policía administrativa” entendida como vigilancia y control de los actos propios del comercio, la industria y la producción e intercambio de bienes materiales tangibles y transables— en la vigilancia y control de la prestación del servicio público de Educación Superior en el acto mismo de su ejecución por parte de las entidades y de favorecimiento o utilización por parte de los beneficiarios (quejas, reclamos, vigilancia presupuestal, sanciones y funciones punitivas desde el Estado).

Si bien la propuesta parecería ser la creación de una superintendencia para todo el sector educativo (Básica, Media y Superior), por razones de pertenencia los asuntos que se resumen a continuación hace referencia solamente a lo que significaría la Superintendencia de Educación Superior. La complejidad de una superintendencia general debería estudiarse con enorme cuidado, en razón de su gran complejidad y supera con mucho el marco de reflexión que puede hacerse desde la Ascún.

En el caso de la Educación Superior se advierte que además de la intervención del Estado en el reconocimiento jurídico de las IES, el fomento y apoyo para el incremento de la oferta, y los procesos correspondientes al aseguramiento de la calidad, con la creación de la Superintendencia de Educación Superior —o su equivalente— se espera que el Estado intervenga en la vigilancia y control del acto mismo de entrega de la enseñanza y de la formación de los estudiantes y sirva como garante del cumplimiento de las misiones, objetivos y metas propias de las instituciones; como informante para la ilustración adecuada en cuanto a la dimensión de la oferta y los responsables de su ejecución; y como juez y árbitro para los continuos procesos de reclamación y requerimientos que puedan surgir por parte de los beneficiarios y de las mismas instituciones, en razón de la competencia en el mercado y oferta de la Educación Superior.

Para la Ascún el énfasis en estas nuevas dimensiones funcionales que se le exigen al Estado, para que actúe como garante, informante y juez/árbitro, deben contrastarse con la voluntad constitucional que quedó consagrada en la Constitución Nacional, que hace relación directa a la autonomía de las instituciones. No se pretende con esto desconocer el valor y relevancia de la propuesta de crear la Superintendencia, sino tratar de adecuar e interpretar la misma en el ámbito de las funciones de creación, transmisión y entrega del conocimiento, que por su misma razón y naturaleza no es un bien transable que pueda homologarse a la categoría de “mercancía”. De aceptarse esta medida sería un elemento más —de carácter ideológico— que, junto con la ley del consumidor, constituyen normativas en la línea de la OMC para considerar la educación como un servicio transable o mercancía. Por eso aparece la receta en América latina y casos recientes en Chile y Perú.

De no menor monta es la dificultad jurídica que surgiría cuando un ente adscrito al MEN como una superintendencia, tuviera que vigilar a entes vinculados como lo son los entes universitarios autónomos —universidades públicas— reconocidos como tales en el derecho administrativo.

  • La inspección es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación de la Educación Superior y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de Educación Superior y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la agencia de dicha superintendencia dentro del ámbito de su competencia. Son funciones de inspección, entre otras, las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas.

  • La vigilancia consiste en la atribución que se le confiere a la Superintendencia de Educación Superior para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas de la prestación del servicio de Educación Superior lo realicen en el marco de la misión, objetivos, metas y planes de desarrollo propios para asegurar un servicio con calidad y pertinencia social.

  • El control consiste en la atribución que se le delega a la Superintendencia de la Educación Superior para ordenar, conjuntamente y en consonancia con el Ministerio de Educación Nacional, los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

Limitaciones y consecuencias

De lo anterior puede concluirse que si se llevara a cabo la propuesta de creación de la Superintendencia de Educación Superior:

  1. Las IES estarán vigiladas por la Superintendencia de la Educación Superior en forma directa y por otras cuatro agencias del sector educativo, a saber: por la Agencia de Calidad, por el Viceministerio de Educación Superior, por el Ministerio de Educación Nacional, por todos los organismos y dependencias administrativas, que podrán pedir informes, vigilar, exigir y trazar directrices, lo cual tendería a entorpecer todavía más la gestión propia de las IES. A esto se añadirían las gestiones de supervisión que se ejercerían desde otros sectores y organismos del Estado tales como los ministerios, las gobernaciones y otros entes territoriales, lo cual incrementaría en forma exponencial el marco de la injerencia del Estado en las IES. Ya de hecho es extremadamente compleja la multiplicidad de entes que hoy vigilan desde los ministerios y establecimientos que dictan normas (proliferación normativa) sobre Educación Superior e inspeccionan su cumplimiento.

  2. Seguramente se darán contradicciones, y juego de poderes entre todas las instituciones del Estado que directa o indirectamente intervienen en la inspección, vigilancia y control de la gestión de la Educación Superior.

  3. Se generará un costo adicional para las instituciones privadas, para financiar la Superintendencia de Educación Superior, puesto que no se prevén recursos propios del Estado, sino aquellos derivados de las cuotas obligatorias que se le exigirían a las instituciones privadas, y aquellos procedentes de las multas y sanciones que se ejerzan sobre ellas. Esta forma de financiación podría tener efectos perversos cuando los vigilados tuvieran que pagar un valor para ser vigilados (serían arte y parte), y además para incrementar el patrimonio del ente propuesto, estableciendo una carga fiscal que tiene un origen tributario y que no corresponde al escenario de análisis de una modificación del marco normativo de la Educación Superior.

Propuesta que podría considerarse desde la Ascún

Se propone que la inspección y vigilancia la continúe ejerciendo el ministro de Educación Nacional por delegación del presidente de la república. Lógicamente se requieren ajustes a la legislación en esa materia, especialmente en los aspectos procesales y procedimentales, para que se cumpla el mandato de reserva legal que establece la Constitución Política y que en todo caso se haga en la aplicación del respeto a la autonomía. La Superintendencia o el ente a cargo de las funciones arriba descritas podrían hacerse como un departamento u oficina dentro del Ministerio sin que tuviera el rango y la autonomía de un ente diferente especializado.

Esta propuesta debería interpretarse como la necesidad de una adecuación y refuerzo de las funciones propias del Ministerio de Educación Nacional, como agente del Estado, para que en el marco del diálogo, la participación y el respeto a las funciones que son propias de la Universidad como agencia del conocimiento se establezcan procedimientos y se desarrollen tareas que conduzcan al fortalecimiento de los procesos de regulación y autorregulación que permitan el ejercicio de la formación profesional de los estudiantes, la investigación y la extensión con el aseguramiento de la calidad, con la capacidad de respuesta a las cambiantes condiciones de una economía dinámica y global, en el marco del respeto y aseguramiento de los plenos derechos ciudadanos y humanos de los educandos y los educadores. Es esencial tener en cuenta y tratar de compatibilizar los derechos, obligaciones y responsabilidades que surgen de la naturaleza misma del Ministerio como agente directo del Estado para la inspección, vigilancia y control de la Educación Superior, y de la universidad como agente de producción y transferencia del conocimiento, como formadora del capital y el recurso humano de la sociedad, como gestora de la cultura y del sentido nacional y como conciencia crítica de la sociedad.

Esto, sin lugar a dudas, va a requerir de una gran imaginación creadora para los delineamientos de dicho organismo de control, para su estructuración dentro del Ministerio de Educación y el desembolso de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento de recursos propios del Estado. Es preciso tener en cuenta el enorme acervo de experiencias que se han realizado en otros lugares del mundo y de las cuales es posible derivar lecciones y apoyar las mejores prácticas, tal como se ha venido haciendo con el Proyecto Tuning, de la Comunidad Europea.

El funcionamiento de dicha sección dentro del Ministerio de Educación, integrado conjuntamente con las actividades de fomento, de aseguramiento de la calidad y de orientación y planificación prospectiva del sector, a la par que de refuerzo de la función informativa, actuaría a favor de la creación de un clima mayor de confianza ante la sociedad, el Estado, el Gobierno, los sectores productivos, los ámbitos internacionales y la opinión pública en relación con los servicios de Educación Superior que prestan las entidades a cargo de los mismos.


Top