Etapas y Realizaciones en la Formulación de las Políticas de Educación Superior

D – Declaración rectoral sobre la Educación Superior como bien público y como servicio público

Aporte rectoral para fundamentar la propuesta de reforma de la Educación Superior

“EL PAÍS Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE QUEREMOS.
UNA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LA REFORMA DE LA LEY 30 (27-02-2013)”

Los rectores, decanos, profesores, directivos, administradores, estudiantes, egresados y demás miembros de las comunidades académicas universitarias de Colombia:

I – Nuestro propósito de cara al país que queremos

    Queremos un país con altos índices de bienestar, inclusión social y calidad de vida para todos sus ciudadanos y un país viable por el respeto y conservación del medio ambiente y de los factores ecológicos, logrados mediante procesos racionales y eficientes de desarrollo humano sostenible, y mediante la transformación de la cultura, los valores y las instituciones de la misma sociedad.

    Nuestra propuesta se centra en la obtención de los siguientes logros:

    • Un país en paz, donde predomine el sentido de la justicia y la equidad social, en el marco de los preceptos constitucionales consagrados en la Carta Política.
    • Una sociedad ética, con instituciones capaces de generar bienes públicos para todos los ciudadanos.
    • Un país capaz de desempeñarse en el mundo globalizado sin perder su identidad cultural.
    • Un país vinculado a la sociedad del conocimiento, mediante el fomento de la investigación, la innovación, la producción intelectual y la formación del talento humano, como base del progreso y el bienestar de los ciudadanos, que transforme la estructura productiva, genere riqueza y contribuya eficazmente a la igualdad social.
    • Un país que utilice su biodiversidad y sus riquezas con sentido de sostenibilidad.

    En este marco de referencia

    Propendemos por un desarrollo humano sostenible que tenga como base y fundamento el progreso del conocimiento y el desarrollo de la ciencia, la tecnología con aplicaciones que sustenten la innovación tecnológica y la transformación productiva y social en función de la competitividad y de la incorporación del país a las oportunidades que brinda una economía global.

    Entendemos que la transformación de la sociedad se logra mediante la creación de instituciones sociales capaces de producir bienes públicos en el marco de la equidad y el respeto por los derechos humanos, como generadores de confianza y de capital social.

    Consideramos que el esfuerzo para la formulación de una política pública de la Educación Superior debe redundar en el incremento de los índices de bienestar y calidad de vida, que se manifiesten en el incremento de los niveles de ingreso para toda la población; en la disponibilidad y acceso a la utilización de bienes y servicios; y en el uso de la libertad y el fomento de participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan a la sociedad en su totalidad

    Y afirmamos que los esfuerzos por el desarrollo humano sostenible y la transformación de la sociedad no deben satisfacer solo las necesidades del presente sino asegurar el futuro de las nuevas generaciones.

    II – Nuestra naturaleza

    Somos Educación Superior

    Partimos del presupuesto [de] que a la Educación Superior le corresponde prioritariamente garantizar el derecho de formación y capacitación de los profesionales, los científicos, los tecnólogos y los técnicos que constituyen el capital humano del país, y que está conformada por todas las instituciones educativas de Educación Superior, tanto del sector público como del privado, reconocidas por el Estado para realizar tareas en los niveles de formación técnica y tecnológica, formación profesional y formación de posgrados.

    Consideramos que nuestra tarea fundamental en ejercicio de la autonomía universitaria reconocida por el artículo 69 de la Constitución Nacional, es la formación integral de los profesionales, líderes y dirigentes de la sociedad, en las competencias humanas, cívicas y profesionales, con base en la investigación científica y en la adquisición de la capacidad crítica; como bases para la búsqueda y difusión del conocimiento científico y para la prestación de un servicio profesional con calidad y pertinencia.

    Reiteramos que a la universidad como ente autónomo para la prestación del servicio público propio de la Educación Superior le corresponde como tarea propia la formación en las profesiones disciplinares y la oferta de los posgrados académicos, especialmente aquellos que tiene como base la formación en investigación, es decir las maestrías y los doctorados.

    Reconocemos que tenemos fortalezas que conforman a la universidad, tanto la oficial como la privada, como un bien público en lo relacionado con:

  1. Calidad. Cumplimiento de estándares mínimos. Logros en acreditación.
  2. Apertura. Incremento progresivo del número de estudiantes.
  3. Cubrimiento. Servicio en todas las regiones del país.
  4. Experiencia acumulada y debidamente comprobada en la formación profesional.
  5. Actualización. Oferta de nuevas carreras y nuevos campos profesionales.
  6. Construcción de capital humano con capacidad de impartir educación en las diferentes disciplinas del conocimiento.
  7. Dotación de recursos científicos, físicos y académicos.
  8. Reconocemos que existen debilidades en cuanto a la gestión y administración de la Educación Superior, que es preciso subsanar atendiendo a la modificación de los siguientes factores:

  9. Excesivo reglamentarismo estatal y falta de autorregulación eficaz en las instituciones.
  10. Recursos insuficientes.
  11. Deficiencias no generalizadas en la gestión administrativa y falta de transparencia.
  12. Falta de articulación con los demás niveles educativos.
  13. Incremento de la deserción y falta de planeación en el uso de los cupos existentes.
  14. Diferencias en calidad de programas según regiones.
  15. Falta de flexibilidad académica para atender la creación de nuevos programas y nuevas oportunidades de formación.
  16. Conscientes, además, de que la internacionalización de la Educación Superior en el mundo transita hacia:

    • La construcción de universidades corporativas y empresariales.
    • El crecimiento, desarrollo y cubrimiento de la universidad virtual con el incremento de la oferta transfronteriza.
    • La adopción de nuevos procesos de diseño curricular por competencias con énfasis en la interdisciplinariedad y el bilingüismo.
    • La celebración de contratos y alianzas estratégicas, y el establecimiento de redes y asociaciones.
    • La construcción de espacios comunes universitarios.
    • El predominio de la modalidad de universidad abierta mediante la articulación de niveles, la interlocución de diferentes tipos de saberes, la ampliación de las poblaciones objetivo, y la oferta de educación permanente y continuada para asegurar una formación a lo largo de la vida.
    • El predominio de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la multiuniversidad.
    • La emergencia de nuevos campos profesionales y por lo tanto la oferta de una multiplicidad de programas con niveles diferenciados de complejidad.
    III – Nuestra propuesta

    Formulación de una política pública para la Educación Superior

    Proponemos que para la transformación de la Educación Superior de cara al país que queremos se requiere la formulación de una política pública que debe tener como fundamento y punto de partida la consideración de la Educación Superior como un bien público, como un derecho y como un servicio público, y que se estructure a partir de los siguientes ejes de acción:

    Modificar la relación entre el Gobierno y la Educación Superior: como primer eje, se propone redefinir el sentido de la actual política gubernamental, caracterizada por el énfasis en la inspección, la vigilancia y el control. Se trata de poner el acento en la relación de la educación con la sociedad, en el papel del Gobierno como facilitador, garante e impulsor de las metas sociales de la Educación Superior, en la autorregulación, en las nuevas formas de institucionalidad y en el fortalecimiento de lo regional.

  17. Ampliar y facilitar el acceso a una Educación Superior con calidad. Como segundo eje, se plantea garantizar el acceso con equidad a una Educación Superior de calidad. Esto exige caracterizar y diferenciar condiciones de acceso y permanencia; la articulación con niveles precedentes, calidad y pertinencia de la oferta de cara a las necesidades del país; y el reconocimiento de la necesaria diversidad de instituciones y niveles, así como de las necesidades de las regiones.

  18. Afianzar el papel del Estado en la financiación de la Educación Superior. Como tercer eje, se trata de asegurar la presencia del Estado en la financiación y fomento de la Educación Superior, de modo que se cambie la concepción de gasto a inversión indispensable de largo plazo, en la perspectiva de la Educación Superior como bien público y el reconocimiento de su rentabilidad social, además de la atención a los requerimientos como servicio que debe prestarse con calidad.

  19. Fortalecer las capacidades institucionales mediante mecanismos de asociatividad. Como cuarto eje, se piensa en fortalecer las capacidades institucionales mediante diversas formas de asociatividad para favorecer el cambio que requiere la Educación Superior. Se propone una manera diferente de generar los procesos y las relaciones, a partir de los grados de complejidad con los que los agentes (instituciones) asumen los diversos propósitos, niveles y campos de conocimiento.

  20. Propiciar el funcionamiento de la Educación Superior como un sistema. El quinto eje se basa en propiciar el funcionamiento de la educación como sistema, de manera que garantice una actividad coordinada, sinérgica e integral, resultado de una acción conjunta y acordada por parte de las instituciones y agentes que lo configuran, será la consecuencia de asumir los anteriores y también la condición de posibilidad para avanzar en el fortalecimiento del sector. Dicho sistema debe mostrar claridad en sus propósitos y en los resultados.

  21. Finalmente, consideramos que los cambios que se puedan realizar en la normatividad existente sobre la Educación Superior, al tener claridad y lograr un consenso sobre los principios de política pública, pueden hacerse mediante diferentes mecanismos legales que van desde simples modificaciones reglamentarias hasta la formulación de nuevas leyes, tanto generales como estatutarias, según se considere pertinente.

E – Posición rectoral sobre políticas públicas y reforma de la Educación Superior

Paralelamente con la posición de la comunidad educativa sobre las orientaciones y propósitos de una reforma de la Educación Superior, los rectores formularon (2013) sus orientaciones de la siguiente manera:

    I – Las actuales políticas públicas

    El objetivo del presente documento es presentar un marco general de las políticas públicas que orientan el desarrollo del país y señalar los aspectos de convergencia entre las políticas públicas que rigen a la Educación Superior y la propuesta rectoral para la construcción de una nueva política pública para la Educación Superior.

    Las políticas públicas que han predominado en Colombia en el plazo de los primeros años del presente siglo se mueven dentro del ámbito de la corriente neoliberal de la globalización. Se supone que las diferentes instituciones sociales deben orientarse hacia la producción de bienes y servicios públicos que las pongan en funcionamiento y las fortalezcan. Este presupuesto estratégico se aplica también a las tareas que se le asignan a la Educación Superior, en cuanto mecanismo de la sociedad que cumple el rol de la formación de los cuadros dirigentes, profesionales y técnicos que necesita el país.

    En este sentido la pregunta que es preciso formular es hasta qué punto la Educación Superior que se imparte actualmente tiene que ver con el fomento y logro de objetivos económicos y sociales, como los que se expresan a continuación:

  1. Facilitar los procesos y acciones que permiten la presencia del país en los mercados mundiales, tanto en las actividades de importación como de exportación, y muy especialmente en aquellos que tienen que ver con los tratados de libre comercio.

  2. Facilitar y coadyuvar en los procesos de importación y asentamiento de capitales extranjeros que sirvan para el fortalecimiento de las estructuras de producción de bienes y servicios de los sectores industriales, energéticos, agropecuarios, financieros, comerciales, transporte y en general de prestación de servicios públicos.

  3. Colaborar en la construcción del capital humano y en el mejoramiento de las infraestructuras y dotaciones físicas que requiere el país para ser competitivo en la producción y comercialización de bienes y servicios.

  4. Favorecer la presencia del Estado y el ejercicio de su autoridad en función de la construcción de seguridad y bienestar ciudadano, que además de ser considerados en sí mismos como bienes públicos son factores decisivos para el logro de los objetivos económicos y de participación social exigidos por la globalización.

  5. Coadyuvar en la construcción de instituciones que promuevan la seguridad social y la prestación generalizada de los servicios de salud, a la par que el fomento de la vivienda y la urbanización y los elementos de producción y mantenimiento del bienestar dentro de parámetros ecológicos de respeto y conservación de la naturaleza.

  6. Fortalecer las instituciones del Estado y promoverlas a nivel de las diferentes regiones del país en orden a incrementar la participación en las decisiones democráticas y en todas las acciones que tengan que ver con una pronta y cumplida administración de la justicia. Estos factores son esenciales pues promueven el concepto de seguridad ciudadana, con los beneficios complementarios de favorecimiento de la globalización económica y la inversión externa arriba mencionados.

  7. No se pretende con este listado agotar en su totalidad el conjunto de las políticas públicas que se han establecido en el país, sino señalar aquellas que parecen más relevantes en términos de su aplicación a la Educación Superior, considerando que además de ellas existen otras metas de carácter cultural, laboral, ocupacional, organizacional, familiar, religioso, recreacional, deportivo y de diferente orden institucional que podrían enumerarse.
    En este marco de referencia se han diseñado varias políticas orientadas a asegurar la participación de las instituciones de Educación Superior en función de los objetivos señalados:

    1. La política de apertura para asegurar el acceso de los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos para ingresar a los diferentes niveles y sectores de formación propios de la Educación Superior.

    2. Como ampliación de la política de apertura se ha establecido la política de equidad orientada a crear mecanismos de acceso a la Educación Superior, tanto mediante la provisión de los recursos para la matrícula como para el mantenimiento de los estudiantes; y que además implica el establecimiento de medidas remediales para subsanar las falencias que traen los candidatos a la Educación Superior como resultado de las debilidades en la formación básica y media.

    3. La política de calidad, expresada principalmente en términos de procedimientos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de instituciones y programas, en la realización de pruebas de ingreso y de grado, y en el logro de certificación de las estructuras de gestión y de los procesos formativos de las diferentes instituciones que configuran el universo de la Educación Superior, y que se manifiesta en los indicadores de acreditación conferida por el Estado a las instituciones.

    4. La política de pertinencia que cualifica la oferta educativa en términos de los programas de formación y carreras establecidas orientados según las oportunidades laborales y ocupacionales, no solo en el universo del país sino también en lo relacionado con las diferentes vocaciones productivas y de necesidades de servicios de las diferentes regiones y localidades.

    5. Como una expresión más avanzada de la política de pertinencia se ha promovido la política de asociatividad para organizar la oferta educacional en sectores vulnerables mediante diferentes procesos estructurales que congregan la participación de diferentes instituciones y diferentes niveles.

    6. La política de innovación y adecuación tecnológica, que tiene que ver tanto con la infraestructura de información, comunicaciones y servicios, como con la preparación, difusión y utilización de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos de transferencia, asimilación y apropiación de conocimientos, con énfasis en las modalidades virtuales de enseñanza.

    7. La política de promoción de las carreras técnicas y tecnológicas orientada a favorecer la formación de capital humano mediante la adquisición de las competencias laborales y profesionales que permitan un mejor desempeño, una mayor productividad y aseguren la obtención de niveles más altos de productividad de los diferentes procesos productivos.

    8. La política de investigación especialmente orientada dentro del paradigma de su aplicación al estudio y solución de los problemas inmediatos y directos de la sociedad, de los gobiernos a nivel central y regional, de la industria, de la economía, y de los diferentes sectores de producción y fortalecida mediante procesos asociativos tanto de los investigadores como de las instituciones que los soportan. Se ha tratado de fortalecer dentro de esta política la dimensión regional con la transformación de las leyes de regalías y su pretendida utilización para satisfacer las demandas que surjan en los diferentes departamentos y regiones, si bien con énfasis solo en los aspectos de construcción de infraestructura y dotación de laboratorios y materiales.

    9. La política de formación de los cuadros de alto nivel académico mediante la promoción de estudios y becas para adelantar procesos de formación en maestrías y doctorados, con lo cual además del incremento del capital humano se espera cualificar los procesos de gestión académica, científica y cultural.

    10. La política de internacionalización entendida en términos de creación de oportunidades de formación académica para profesores y estudiantes en diferentes países, lo mismo que para favorecer el intercambio académico y la transferencia de conocimientos, a la par que para la creación de convenios en el ofrecimiento de programas, en la realización de investigaciones y en múltiples alianzas estratégicas, que a su vez permiten la prestación de servicios académicos a ciudadanos procedentes de otros países y regiones.

    11. Posiblemente esta enumeración tampoco agota los esfuerzos realizados desde el Estado y ejecutados por diferentes entidades oficiales, a la par que con la participación de todas las instituciones que configuran el universo de la Educación Superior, cuyo cumplimiento de metas, logro de objetivos y montos de gastos e inversión existen a nivel de las estadísticas oficiales y son posibles de expresar y medir tanto a nivel de las instituciones como en sus agregados regionales y locales.

      II – En búsqueda de un nuevo planteamiento estratégico

      Un análisis de interrelaciones permitiría medir en qué forma el cumplimiento de las políticas de Educación Superior que se han señalado hayan podido influir en el logro de las metas correspondientes al proceso de globalización. El planteamiento estratégico que surgiría como resultado de este análisis conduciría necesariamente a diseñar las medidas, los propósitos y los cronogramas para fortalecer las actividades tradicionales de las instituciones de Educación Superior con el objeto de incrementar los servicios y beneficios en función de la comercialización y el incremento de la competitividad del país, lo que podríamos denominar la adecuación de la Educación Superior a la lógica del mercado.

      Entre las medidas a tomar sin lugar a dudas se requeriría ampliar el margen de la financiación para las instituciones, y posiblemente reorientar algunas actividades y procesos para fortalecer aquellos aspectos cruciales como son los relativos a la capacitación laboral y profesional, la formación en competencias y el énfasis en las carreras técnicas y tecnológicas. Pero de ninguna manera incluirían un cambio en la orientación de las políticas mismas, sino solo su refuerzo y profundización, consolidando además la estructura de control y de manejo que ha asumido el Estado a través del Viceministerio de Educación. Realmente no se podría hablar de una nueva política pública para la Educación Superior, sino de ‘más de lo mismo’; es decir, solo se modificaría la receta en términos cuantitativos, pero no cualitativos. Se haría una reforma de la Educación Superior, pero no se lograría su transformación.

      Es claro que esta receta fue la que guió el proceso de reforma de la Ley 30 durante el año 2011, cuyos objetivos fundamentales estaban orientados a consolidar, bajo la premisa del aseguramiento de la calidad, el control y manejo de las instituciones (que no su inspección y vigilancia) por parte del Estado; la estandarización, homogeneización y aplanamiento de los niveles y los procedimientos institucionales (todas las instituciones son iguales y pueden hacer lo mismo); y la apertura para la inversión privada e internacional en la Educación Superior (instituciones con ánimo de lucro y mixtas). Esta receta sigue siendo válida si el objetivo es prioritariamente la globalización y la competitividad de la economía del país. Así lo declara abiertamente el Informe de Competitividad recibido recientemente.

      Uno de los factores de mayor peso en el fortalecimiento de esta orientación hacia el mercado radica en la centralización de la estructura de financiación, solo para la Educación Superior pública y bajo la estructura del SUE. En dicho modelo se piensa que el control y manejo de fondos, concentrado en el Ministerio de Educación, es la herramienta perfecta para lograr una mayor eficiencia en el gasto (ampliar la cobertura con los mismos costos) y para la reorientación del mismo (favorecer el desarrollo de las carreras e instituciones del Estado dedicadas a la formación técnica y tecnológica). Cualquier ampliación en los porcentajes de los fondos se utilizará bajo los preceptos de orientación y metas que se fijan desde la autoridad central. Por lo tanto el concepto de sistema se limita en cuanto a su cubrimiento (solo instituciones oficiales) y se concreta solo a lo relacionado con metas impuestas por el Gobierno, con la mínima interferencia del manejo y administración individual y de consideraciones respecto a las necesidades y tendencias de cada institución.

      En este proceso de concentración de poder la administración central cada vez incrementará el porcentaje de recursos para administración directa y en la misma medida reducirá los porcentajes de transferencia de recursos presupuestales a las instituciones. Es lógico que en estas condiciones las universidades del SUE hayan elaborado como respuesta a dicha política la teoría de los costos crecientes, hayan centrado la discusión en el desfinanciamiento de la universidad pública y hayan sustentado la tesis de que la calidad cuesta, como se lee en diferentes documentos, muy bien respaldados.

      Para el caso de las instituciones no oficiales, la lógica predominante en lo que se ha denominado la orientación hacia la competitividad, se centrará en establecer y ahondar las diferencias, especialmente manejadas desde los preceptos de certificación de la calidad, los cuales tienen un amplio respaldo en razón de la multiplicidad de intereses, orientaciones, procesos de gestión, disposición y utilización de recursos, y formas de manejo que las caracterizan.

      III – El sentido y direccionamiento de la propuesta rectoral

      Es en este contexto y como respuesta a los planteamientos existentes, donde se desarrolla como una nueva alternativa la propuesta rectoral titulada: “Desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad. Política pública para la Educación Superior y agenda de la universidad, de cara al país que queremos” (CNR, octubre 18 de 2012).

      Como su título lo indica la finalidad de la política pública que se propone se centra en el país que queremos lograr y no solo en la regulación de las relaciones entre el Estado representado por el Ministerio de Educación y las instituciones que forman parte del sector. Este solo cambio tiene enormes repercusiones, pues desplaza el objetivo de las tareas y actividades que se proponen hacia la construcción de un país en paz, donde predomine el sentido de la justicia y la equidad social, en el marco de los preceptos constitucionales consagrados en la Carta Política, lo cual se define de acuerdo al siguiente perfil:

      • Una sociedad ética, con instituciones capaces de generar bienes públicos para todos los ciudadanos.

      • Un país capaz de desempeñarse en el mundo globalizado sin perder su identidad cultural.

      • Un país vinculado a la sociedad del conocimiento, mediante el fomento de la investigación, la innovación , la producción intelectual y la formación del talento humano, como base del progreso y el bienestar de los ciudadanos, que transforme la estructura productiva, genere riqueza y contribuya eficazmente a la igualdad social.

      • Un país que integre y fortalezca sus regiones y de todos sus habitantes sin distingos.

      • Un país que utilice su biodiversidad y sus riquezas con sentido de sostenibilidad.

      Colombia tiene grandes retos y problemas estructurales; el papel y la finalidad que se le ha asignado a la educación en general y en particular a la Educación Superior en los planes de desarrollo, distan de la atención que por parte del Gobierno se le ha prestado; los indicadores para mostrar avances, se han centrado en asuntos de orden cuantitativo y han permitido miradas parciales, sin apreciar su inmensa potencialidad para aportar a los problemas del país.

      Es claro que en la definición de esta finalidad no se descarta la orientación hacia la competitividad y el mercado que son los ejes cruciales de las políticas del actual gobierno, sino que se los complementa y relativiza añadiendo y ampliándolo con otros objetivos de carácter más amplio e integral. Pero el solo desplazar el foco hacia esta dirección más holística marca ya una diferencia sustancial con las actuales intenciones gubernamentales, que a la vez que recupera el verdadero sentido del hecho educativo abre nuevas alternativas de proyección de la gestión en el cumplimiento de las tareas de la Educación Superior y plantea asuntos cruciales como son: el manejo del posconflicto para la construcción de la paz, la lucha contra la corrupción, la regionalización y la sostenibilidad.

      El Consejo Nacional de Rectores ha planteado que la funcionalidad de una nueva política pública de Educación Superior, debería manifestarse en su contribución a los propósitos de desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad. La universidad colombiana considera que asumir un compromiso hacia el desarrollo humano sostenible y la transformación de la sociedad, implica en primer lugar promover al interior de la Educación Superior y de todos los actores, un diálogo nacional que permita repensar la Educación Superior para proponerla en perspectiva de largo plazo, con políticas que la fortalezcan y potencien su papel estratégico para el desarrollo del país. Propone repensar la Educación Superior desde un punto de partida y de llegada: el país que queremos. Esto implica analizar con profundidad los problemas que aquejan nuestro país y analizar a cuáles de ellos puede realmente contribuir la Educación Superior. Se requiere promover este análisis en una apuesta similar a la llamada Misión Ciencia, Educación y Desarrollo y hacer de esta jornada, un puntal para poner sobre la discusión la Educación Superior en sentido y perspectiva.

      Los contenidos de esta nueva aproximación teleológica se sustentan además en presupuestos de carácter filosófico, sociológico, ético y político tendientes a crear una plataforma sólida de interacción e interrelación para tres principios básicos: la consideración de la Educación Superior como un derecho, como un bien público y como un servicio público. Y aquí radica una nueva y profunda diferenciación en cuanto al sustento de las políticas gubernamentales, que en la práctica de la gestión administrativa y financiera del sector, solo priorizan la visión restringida de prestación y ordenamiento del servicio público, así adopten textos y parágrafos que traten de cualificar los otros dos conceptos (tal como ocurrió en el texto de la reforma sometida al Congreso, de la que en buena hora desistieron).

      Otro ámbito de diferenciación entre la política prevaleciente y la nueva propuesta se centra en los asuntos relacionados con el ámbito y la estructura de administración del sector. Dado que en la actualidad la política gubernamental concentra la relación con las instituciones del sector en el Viceministerio de Educación como su vocero protagónico, la propuesta solicita que además de este canal se institucionalicen otros contactos con los demás sectores del Estado, con todos los cuales la Educación Superior tiene relaciones como proveedora de la formación profesional y técnica y como receptora de la información y de los inputs necesarios para construir ofertas de formación y profesionalización pertinentes y significativas. Esta solicitud es tanto más apremiante cuanto que en la actual situación predomina la búsqueda del control y manejo escolarizante, normativo y procedimental del sector por parte de dicho viceministerio, sin que existan mecanismos de información e interrelación que permitan la flexibilidad adecuada en lo que respecta a la construcción de una oferta profesional relevante, pertinente y con visión de futuro.

      En términos sistémicos el excesivo reglamentarismo orientado solo al control de factores internos de calidad, del cual por otra parte se precia y preocupa tanto a la actual administración pública, paradójicamente no conduce a una mejor y más efectiva regulación estatal que asegure la efectividad de los servicios y procesos educativos para la obtención del bien común, la construcción de país y el afianzamiento de la competitividad nacional.

      efectividad de los servicios y procesos educativos para la obtención del bien común, la construcción de país y el afianzamiento de la competitividad nacional.

      De parte del Estado como un todo se requieren además mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan el fomento de la misma Educación Superior y que establezcan indicadores de cumplimiento en favor de las metas y objetivos diseñados en sectores tales como la promoción de la salud, el ejercicio de la justicia, la construcción de infraestructura, el mejoramiento de la educación en su totalidad, la provisión de vivienda y servicios públicos, el mejoramiento de la administración pública, la creación de nuevas fuentes de empleo y producción, el fomento de la industria, la cualificación de la producción agropecuaria, el fomento de las exportaciones, la ampliación del crédito y de los servicios financieros, la formación para el deporte y las competencias, la defensa de la cultura y sus valores, la promoción de la participación popular, para solo mencionar algunos de los aspectos significativos en los cuales las instituciones de Educación Superior pueden jugar un papel protagónico.


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