Etapas y Realizaciones en la Formulación de las Políticas de Educación Superior

Generación de conocimiento pertinente

Este sentido de la relación universidad-sociedad que gira alrededor de la problemática social constituye un aspecto relevante, tal como lo señalan los documentos emanados de las conferencias mundiales sobre la Educación Superior tanto en 1998 como en el 2009.

    Encarando la complejidad de los desafíos globales presentes y futuros, la Educación Superior tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones como son lo social, económico, científico y cultural; así como nuestra capacidad de respuesta frente a ellas. La Educación Superior debe orientar a las sociedades hacia la generación de conocimiento, como guía de los desafíos globales tales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública. (Unesco, Conferencia Mundial de la Educación Superior, 2009)

Es decir, si la pertinencia social se da en la relación normal entre la universidad y las demás instituciones, en cumplimiento de las funciones de generación del conocimiento y de formación profesional, mediante el ejercicio de las mismas en una dimensión de calidad, la relevancia se adquiere cuando las acciones de la universidad se focalizan hacia los diferentes problemas que surgen por el crecimiento, el desarrollo, la dinámica y las expectativas de los ciudadanos. Esta dimensión de relevancia social de la universidad está íntimamente ligada con la capacidad de responder a las necesidades de la sociedad, y con los esfuerzos que ella realice para investigar y dar respuesta los inmensos requerimientos de una sociedad que no solo se multiplica a nivel global por el número de sus miembros, sino que además enfrenta problemas internos de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, inequidad y creciente deterioro ambiental. Este es el ámbito propio de la responsabilidad social universitaria.

Surge entonces la cuestión sobre los límites de la intervención social de la universidad en la solución de dichos problemas, o sea: ¿cómo se define el asunto de la pertinencia social de la universidad?
Es preciso reconocer que se trata de problemas complejos que por su propia definición corresponde ser abocados por el conjunto de los agentes sociales, entre los cuales la universidad es una sola.

    En el mundo de las organizaciones, esta sed de ética se encarna hoy en lo que llamamos ‘responsabilidad social’, concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en los últimos años. La idea básica es que, no obstante la libertad de acción e iniciativa que debe caracterizar a las organizaciones en nuestro mundo democrático y de libre mercado, no podemos contentarnos con solo defender nuestros intereses corporativos propios dentro del marco legal vigente, abandonando a su suerte las consecuencias secundarias, los impactos que generan nuestras acciones en el entorno social y ambiental: la ética de la responsabilidad por los efectos (cercanos como lejanos) que nuestra presencia en el mundo genera, nos exige preocuparnos por el mundo presente y futuro, ser actores partícipes de la solución de los más agudos problemas de nuestra sociedad. El interés corporativo bien entendido no puede dejar de ser sensible a la sociedad en la cual se desarrolla la organización, y tiene que reconocer las ‘intersolidaridades’, como dice Edgar Morin, que nos unen a todos. Por lo tanto, la responsabilidad social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional, que pide a las organizaciones responder por sus acciones y consecuencias en el mundo y responder a los diversos grupos interesados o afectados por dichas acciones y consecuencias. (Vallaeys, s. f.)

Como ente coordinador de dichos agentes se da al Estado una responsabilidad prioritaria que por supuesto no puede ser asumida por ningún otro. La universidad no puede suplir al Estado en la solución de estos problemas, ni suplantar las acciones que deben ser realizadas por cada uno de los agentes en particular y por la totalidad de los agentes sociales en conjunto; es, por lo tanto, una acción colectiva y que debe realizarse en forma mancomunada.

Si bien la solución de estos problemas requiere de una acción solidaria, es preciso reconocer además que no solo puede ser resultado de los esfuerzos voluntarios y bien intencionados de los miembros individuales de la sociedad o de sus instituciones. Para elaborar respuestas eficientes y efectivas se requiere un serio proceso de estudio, análisis y reflexión sobre los múltiples factores que inciden en la existencia y gravedad de cada uno de dichos problemas, de ahí que es necesario generar conocimiento pertinente sobre la problemática social y sus múltiples incidencias. Y esta es precisamente la tarea que por su naturaleza de institución del conocimiento le corresponde directamente a la universidad.

No quiere decir esto que la universidad no pueda asumir tareas directas que propendan por el bienestar social, o por la solución de problemas concretos. Dadas las circunstancias históricas, la universidad puede comprometerse en tareas que tengan resultados en relación con la atención a poblaciones desplazadas, o con la reinserción de quienes en situaciones de conflicto hayan dejado las armas. El crecimiento desmedido de las ciudades con sus problemas de desocupación, movilidad, atención en salud, educación básica, vivienda, recreación —para citar solo algunos aspectos— puede ser asunto de atención prioritaria por parte de la universidad. Sin lugar a dudas el problema ambiental, con sus profundas incidencias en las variaciones climáticas, es un asunto prioritario que debe ser abordado desde las aulas universitarias en búsqueda de soluciones viables y efectivas. También debe ser prioritaria la atención a los problemas de violencia tanto infantil como de género, así como el manejo de la criminalidad. Los problemas del tráfico y consumo de drogas y alucinantes afectan directamente a los jóvenes y constituyen un problema directo que deber ser abordado desde las oficinas de bienestar universitario. Así, se pueden mencionar innumerables temas que pueden ser enfrentados desde de la óptica de la responsabilidad social universitaria.

Pero lo importante del ejercicio de la responsabilidad social universitaria es que además del servicio que se preste o de las acciones que se adelanten para solucionar los problemas sociales, los proyectos y programas sean planeados y diseñados de acuerdo con los cánones más estrictos y a partir de investigaciones serias, con datos confiables y verificables, que sean evaluados objetivamente; y, que como resultado de las acciones adelantadas se generen nuevos conocimientos y se formulen sugerencias con soporte científico que permitan enfrentarlos de forma eficiente. Es decir, cada intervención social por parte de la universidad debería producir nuevas ideas, nuevos marcos teóricos, nuevas relaciones factoriales y de multicausalidad que permitan a su vez la formulación de políticas públicas para el manejo apropiado de los problemas sociales. O sea que el ejercicio de la responsabilidad social universitaria debe realizarse también en generación, validación y difusión del conocimiento.

Este conocimiento pertinente sobre la problemática social y sus posibles soluciones corresponde en forma muy directa a la universidad, como gestora de los saberes tanto en los ámbitos propios de cada disciplina como en el espacio de convergencia de las disciplinas, conocimiento que se constituye en interdisciplinario y que por su mayor comprensión puede arrojar luces más conducentes para entender la enorme complejidad característica del mundo contemporáneo. En la interdisciplinariedad para el abordaje de la problemática social y sus posibles soluciones la universidad tiene ventajas comparativas que no son susceptibles de competencia por parte de las demás instituciones sociales, por lo general inmersas en una visión un tanto cerrada de interpretación de la realidad y que por lo tanto son susceptibles de medir el impacto social de sus propias acciones en una forma un tanto reducida, lo que puede conducir a soluciones parciales capaces de generar mayores problemas.

    Las instituciones de Educación Superior, a través de sus funciones principales (investigación, docencia y proyección social), dentro del marco de la autonomía institucional y la libertad académica deben propender hacia la interdisciplinariedad y promover el pensamiento crítico; así como una participación ciudadana activa que contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la equidad de género. (Unesco, Conferencia Mundial de la Educación Superior, 2009)

La evaluación de los proyectos sociales que realiza la universidad es generadora de conocimiento, que no solo sirve para corregir y reorientar la misma realización de los proyectos, sino para generar conocimiento sobre las mejores prácticas y realizar síntesis sobre las lecciones aprendidas en la realización de ellos. Estos conocimientos, en la medida en que sean transferibles, sirven como multiplicadores de las prácticas sociales, como generadores de innovaciones sociales debidamente comprobadas, y como fuente de conocimientos que puedan orientar las políticas públicas que se puedan adoptar para el tratamiento y manejo de la problemática social. El concepto de innovación social se entiende aquí como “una secuencia de acciones para la solución de problemas, en la cual las necesidades sociales son entendidas dentro de una problemática, y las soluciones que se pretenden se aplican a aquellas en forma sistemática y no una por una” (Havelock, 1977, p 31).

En la medida en que la universidad aporte ideas, sugerencias y metodologías que sirvan para el marco de construcción de una política pública, y que estas experiencias estén cimentadas por la metodología científica, se logra una mayor relevancia del conocimiento pertinente generado en el diseño, ejecución y evaluación de las prácticas sociales que realice la universidad.

F – “Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior”.

Ascún: Documento de políticas (2010-2014)

El proceso de transformación de la Educación Superior que se inició con la Primera Conferencia Mundial convocada por la Unesco en 1998, y que tenía como propósito señalar los nuevos derroteros de la universidad en el mundo, en la era de la información y el conocimiento, se centró sobre temas como la apertura con calidad, para permitir que un número cada vez más creciente de jóvenes pueda acceder a los beneficios de una formación profesional con porvenir y adecuada a las condiciones cambiantes de una economía global.

Al terminar la primera década del siglo XXI de nuevo la Unesco convocó a las universidades para un diálogo sobre su realidad y evaluar los procesos de transformación. En el comunicado resultante de la Segunda Conferencia, realizada en julio de 2009, se acentuó la necesidad de imprimir una nueva dinámica a los procesos académicos de acreditación de la calidad, apertura de oportunidades con equidad, utilización de los avances en las tecnologías de la información y el conocimiento en la formación integral de los profesionales, e internacionalización de las funciones universitarias, a fin de que las universidades actúen con mayor eficacia, principalmente en esta era signada por la crisis económica, en la solución de los grandes problemas sociales creados por las crecientes desigualdades, el desbordamiento poblacional en las grandes urbes, el incremento de los factores de conflictividad social y desocupación, la generalización de los problemas creados a nivel humano por el calentamiento global y a nivel político por el desbordamiento del terrorismo.

La universidad colombiana ha aceptado los retos de su transformación y realizado esfuerzos considerables en construir oportunidades de inclusión social para un número cada vez mayor de personas, con resultados notables en mejoramiento de la calidad y el incremento de la competitividad mediante la acreditación de sus programas académicos. Ha sido relevante el énfasis en descentralizar el servicio público de la Educación Superior, permitiendo que sea accesible en todos los lugares del territorio nacional y para los sectores más desprotegidos de la sociedad. La Ascún, como entidad que asocia a las universidades del país, ha dejado constancia de estas orientaciones en los documentos de políticas que con el título “De la exclusión a la equidad” publicó en los años 2002 y 2006.

Dado que las políticas señaladas en estos documentos fueron previstas solo hasta el año 2010 y que además se cuenta con los insumos de las discusiones y orientaciones de la Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES, 2009), es pertinente revisar y orientar las políticas de la Educación Superior para los siguientes cuatro años, razón por la cual presenta a consideración de las instituciones asociadas en la Ascún, a los dirigentes nacionales y al público en general, este nuevo documento de políticas con el título “Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior”.

Se parte del hecho de que continúan teniendo vigencia los procesos de mejoramiento de la calidad, la apertura de la Educación Superior, la construcción y perfeccionamiento del sistema universitario, la utilización de las nuevas TIC, la internacionalización y consolidación financiera, iniciados y subrayados en los documentos de la década anterior; se expresa, sin embargo, que es necesario trabajar con una actitud anticipatoria, propositiva y prospectiva para enfrentar los inmensos retos que se le presentan a una universidad que debe actuar no solo para su transformación interna, sino en servicio y con enorme responsabilidad social para la búsqueda de caminos de solución a los crecientes problemas del entorno social, económico, cultural y humano.

El Gobierno nacional ha planteado la necesidad de incrementar en 500.000 los cupos en la Educación Superior para el año 2019, cuando se cumple el segundo centenario de la independencia del país. ¿Cuáles son los esfuerzos que deben realizar el Estado y las instituciones de Educación Superior para dar cumplimiento a esta meta? Y más en particular, ¿cuáles son los programas y proyectos en los que es preciso enfatizar durante el período 2010-2014 para permitir que dichas metas se puedan cumplir?

La respuesta que plantea la Ascún en “Hacia una nueva dinámica de la Educación Superior. Documento de políticas, 2010-2014”, se centra alrededor de cinco grandes actividades:

    1.º. Fortalecimiento y redimensionamiento del papel del Viceministerio de Educación Superior y de la institucionalidad del sector para que actúe no solo en función del control y vigilancia, sino además con una orientación de fomento y de interrelación con todos los sectores de la sociedad, en especial en lo relacionado con el incremento de los estándares de ciencia, tecnología e innovación, sin los cuales no hay desarrollo.

    2.º. Respeto a la diferenciación y diversificación del Sistema de Educación Superior para el logro de la calidad y la eficiencia social, de tal manera que en los delineamientos para la transformación del marco legal de la Educación Superior se tengan en cuenta las diferencias que nacen en el ejercicio mismo de la formación profesional y que corresponden en forma diferenciada a los aspectos misionales de cada una de las instituciones y de su actuación en su propio contexto social y económico.

    3.º. Fortalecimiento financiero de la Educación Superior, sin lo cual cualquier actividad orientada al mejoramiento de la calidad, y cualquier política de incremento y de apertura, son imposibles.

    4.º. Transformación de la docencia universitaria como factor de calidad de la Educación Superior, para que tanto las metodologías y procedimientos pedagógicos, como las condiciones de vida y de trabajo de los profesores, tengan una adecuada realización.

    5.º. Fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la Universidad colombiana para lograr mayor adecuación a los estándares internacionales propios de la Educación Superior, que permitan mayor movilidad y mejor desempeño de los profesionales en ámbitos cada vez más amplios y globales.

Se espera que con el estudio de los temas presentados y la puesta en marcha de las propuestas y sugerencias propuestas, que deben ser cumplidas tanto por el Estado como por cada una de las instituciones que configuran el universo de la Educación Superior del país, se logren los efectos de transformación interna de las instituciones educativas, principalmente los propósitos sociales, culturales, económicos y humanos para los cuales es y debe ser eficiente la prestación del servicio de la Educación Superior, considerada a su vez como un bien público en sí misma y generadora de otros bienes públicos en lo que se refiere a incremento del conocimiento, aumento de la competitividad del país, obtención de una paz perdurable mediante la solución constructiva de los conflictos y el mejoramiento de los niveles de vida de todos los ciudadanos.

IV – Épocas de turbulencia (2011-2013)

Esta etapa, que corresponde al momento en el cual el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República un texto para la reforma de la Ley 30 de 1992, produjo una serie de reacciones, algunas favorables y otras en contra. Ante las presiones de un estudiantado organizado y activo, y los reclamos procedentes de la comunidad académica del país, el Gobierno decidió retirar dicho proyecto. Los documentos que se presentan en este capítulo resumen los puntos de vista de los rectores y de la Ascún, en los que se visualiza tanto la necesidad de redefinir los objetivos de la Educación Superior, como su naturaleza misma, al considerarla no solo un servicio público, sino un derecho y un bien público.

La etapa, a su vez, se divide en dos momentos. En el primero, durante la segunda mitad de 2011 y la primera de 2012 ocurrió el acto jurídico propiciado por el Gobierno para orientar la política hacia una apertura económica de acuerdo con las pautas de la globalización mundial de la economía, permitiendo en la prestación del servicio de la Educación Superior el ingreso de instituciones y capitales externos, al igual que favoreciendo el establecimiento de IES con ánimo de lucro, ante lo cual la reacción de los rectores fue negativa y desde el ámbito estudiantil se levantaron las banderas ideológicas de mantener la soberanía nacional y la necesidad de un cambio en la estructura política del país. Cuando dadas las presiones externas el Gobierno retiró la propuesta, los rectores universitarios inmediatamente se manifestaron con propuestas precisas sobre lo que debería ser el cambio, señalando la necesidad no de una reforma de la ley, sino de las estructuras y ámbitos de las instituciones para propiciar la apertura educativa con fortalecimiento de la calidad académica.

La Ascún en ese momento (2012) propuso el funcionamiento de una mesa de trabajo unitaria, orientada a la transformación de la universidad, idea que no fue aceptada en primera instancia por el MEN. Corrido el año 2013, con la participación de las nuevas autoridades al mando del Viceministerio y la presencia activa del CESU, se formaron las mesas de trabajo y se establecieron los procesos de diálogo y participación que condujeron a la construcción del documento “Acuerdo por lo Superior 2034”, el cual señaló con precisión los objetivos y caminos que se deberían recorrer en el proceso de transformar la Educación Superior. Además de los valiosos aportes de dicho documento, su mayor valor lo añadió el proceso de acuerdo paulatino que se fue logrando con la participación de todos los agentes que intervienen en la prestación del servicio y en el incremento de valor de la Educación Superior como bien público.

En la primera parte del capítulo se hace una reseña del proceso de reforma de la ley propuesta por el Gobierno. Se incluye, a continuación, el texto que elaboró la Ascún para una Ley Estatutaria de la Educación Superior. A continuación se adiciona la propuesta de la Ascún para el funcionamiento de la mesa unitaria, señalando sus objetivos y alcances. El cuarto aparte copia la declaración rectoral sobre la Educación Superior como un bien y un servicio público, aspecto fundamental para cimentar el valor jurídico de una posible reforma; preparado por la Ascún, el cuarto documento amplía la propuesta de política pública para la reforma de la Educación Superior. Se hace luego una breve aclaración entre los puntos de vista propuestos por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y el grupo rectoral. En la sección sexta del artículo se presenta la posición de la Ascún y los rectores respecto de su participación en las mesas de trabajo propuestas por el Viceministerio y el CESU, sintetizando los resultados que se derivaron del funcionamiento de estas, respaldadas por los rectores en memorando enviado al Viceministerio, lo cual conforma el último aparte del presente capítulo.

En resumen, el capítulo muestra cómo en los momentos de crisis y turbulencia la actividad mental de los agentes de los procesos, de los directivos y las instituciones, avanzó de forma decidida en el diseño y construcción de las nuevas realidades.

A – Reforma de la Ley 30: proceso de construcción de política pública de Educación Superior

La reforma de la Ley 30

En el período transcurrido entre 2011 y 2013 se pueden señalar por lo menos tres etapas en lo relacionado con la elaboración y diseño de las políticas de Educación Superior. En la primera etapa, que ocupa todo el año 2011, el planteamiento se dirigía a señalar los cambios y modificaciones que era necesario adicionar o cambiar en el texto de la Ley 30 de 1992, en razón de las profundas transformaciones que había tenido el sector en los dieciocho años a partir de su promulgación.

Es de señalar la enorme importancia del papel del Estado, a través del Ministerio de Educación y del entonces creado Viceministerio de Educación Superior, en los temas relacionados con regular la oferta académica; promover la calidad mediante el establecimiento de estándares mínimos, procesos de acreditación y exámenes de Estado; ampliar la oferta de programas académicos a nivel nacional, como respuesta a la creciente demanda y las exigencias de las regiones del país; adecuar los procesos de formación técnica, tecnológica y profesional para ajustarlos a los requerimientos y estándares internacionales, mediante favorecimientos a la movilidad profesoral y estudiantil; énfasis en el fortalecimiento de la investigación y el perfeccionamiento de los programas de posgrado conducentes a títulos de maestrías y doctorados; incremento de cupos para atender la demanda estudiantil y favorecimiento de los sistemas de financiación; en general, cambios en todos los procesos internos de las instituciones. Todos estos, y muchos otros aspectos relacionados con gobernabilidad de las instituciones, regionalización, establecimiento de sistemas de créditos académicos, funcionamiento de nuevas agencias del estado como el CNA, Conaces y otros, hacían necesario revisar en profundidad el articulado de la Ley 30 de 1992, que había sido promulgada antes de la Reunión Mundial de la Educación Superior promovida por Unesco en 1998 y de su posterior edición en el 2009, eventos que aceleraron y profundizaron en el país los cambios señalados.

Las presiones en contra

La segunda etapa en la construcción de la política pública de la Educación Superior comenzó a finales de 2011, en el momento en el cual por presiones del estudiantado y la comunidad académica el Gobierno nacional retiró de la consideración del Congreso el texto de la ley que se había radicado para consideración y aprobación del legislativo. Se tuvo entonces conciencia clara sobre la necesidad de establecer un marco general de política que sirviera de base a los cambios en las leyes y la normatividad y que orientara los procesos de reforma a las estructuras de manejo de la Educación Superior hacia metas precisas y consensuadas, de acuerdo con las necesidades de cambio exigidas por los variables y muy complejos contextos económicos, sociales, políticos e históricos del país, de la región y del mundo. Se adoptó entonces el lenguaje de reforma de la Educación Superior como un sustituto al de reforma de la ley, que fuera el tema de la primera etapa.

En esta etapa, que ha continuado hasta el presente, fue necesario poner en práctica los mecanismos, ejecutar los procesos y establecer los espacios de diálogo necesarios para la reflexión, estudio y análisis de la vida académica en función de las necesidades del país y las exigencias provenientes de los centros de pensamiento sobre el papel de la Educación Superior a nivel nacional e internacional (Unesco, BID, Banco Mundial) y de los diferentes grupos de interés que se organizan alrededor de la prestación y utilización del servicio de la Educación Superior: profesores, estudiantes, administradores, empresas, asociaciones.

Dado que la construcción de política pública implica un juego y una competencia entre distintos intereses y puntos de vista, y que además el proceso exige la participación desde las diversas ópticas de los agentes en los procesos, en la discusión sobre la reforma de la Educación Superior se dieron polarizaciones entre el Estado y sus agencias; entre las instituciones, de acuerdo con sus diferenciaciones jurídicas, económicas, culturales y regionales; entre los estudiantes y sus múltiples posiciones ideológicas y grados y formas de organización; entre los administradores y proveedores de servicios para el funcionamiento del sistema; y entre los profesores y docentes, según sus roles, formación y posiciones sindicales, ideológicas, culturales, sociales.

Añádase que en el proceso de construcción de política pública, como era de esperarse, se abrieron desde el Estado las puertas para la participación de todos los sectores a través de foros, asambleas, reuniones, uso de medios electrónicos y programas de opinión; por ello se manifestaron también los intereses de otros autores y agentes, tales como las empresas, los sindicatos, las federaciones, las regiones y los padres de familia.

De enorme importancia ha sido la manifestación y el procesamiento de información sobre los intereses y posiciones de los diferentes sectores del país, pues han enfrentado a los gestores académicos con la necesidad de mirar más allá de las paredes de los establecimientos educativos, para elaborar respuestas que se afiancen en cumplir las expectativas de las gentes sobre las necesidades reales de formación para el trabajo, la técnica e innovación, y para el ejercicio de las profesiones. No se puede seguir diseñando el ejercicio académico de la docencia/aprendizaje solo a partir de los marcos disciplinarios, sino que es preciso contrastarlos con su capacidad de modificación y perfeccionamiento de los contextos sociales, culturales y económicos en los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales.

Como era de esperarse, la abundancia de participación de las gentes, los usuarios y los agentes de la gestión académica, se reflejó en una enorme y dispersa variedad de temas, que oscilaban desde aspectos muy puntuales como los sistemas de calificación y evaluación, a la par con la asistencia a clases, pasando por asunto neurálgicos como el pago de las matrículas, las obligaciones económicas y la remuneración de los docentes, hasta desembocar en asunto mayores como el incremento de la oferta académica según áreas disciplinarias y niveles de formación (maestrías y doctorados), el reconocimiento de títulos a nivel internacional, los problemas de la deserción y las enormes restricciones a la empleabilidad de los graduandos, al igual que problemas como la pertinencia de los procesos de formación profesional y en los esfuerzos de investigación adelantados desde las universidades.

B – Texto de propuesta de ley estatutaria

    Artículo 1.º.La esencia de la universidad es la búsqueda de la verdad en el horizonte de sentido del bienestar y de la realización espiritual de las personas, del desarrollo material y del progreso cultural de la sociedad, de su constitución ética, democrática y política y de la promoción de los derechos humanos y de los demás bienes y valores de la cultura, es ideal regulativo y normativo para el conocimiento útil, la justicia como equidad, la responsabilidad del pensar y el compromiso social de la comunidad académica, cuyo grado de participación crítica y pública constituye el ejercicio de la libertad y de la autonomía.

    La universidad como institución busca responder a la idea de formación de la persona y avance del conocimiento para fortalecer las diversas profesiones, aportar soluciones a los múltiples problemas de la población, promover la cultura para la consolidación de la sociedad, en programas de pregrado y posgrado mediante procesos educativos de aprendizaje, investigación y extensión, en el diálogo interdisciplinar de las diversas áreas del saber: las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, las humanidades, las matemáticas, las artes, las tecnologías y la filosofía.

    Artículo 2.º. La autonomía universitaria es la condición fundamental garantizada constitucionalmente a las comunidades académicas organizadas en universidades reconocidas por el Estado, para que estas puedan cumplir con su misión libre de interferencias de poderes políticos o ideológicos, de manera que puedan erigirse en vector de desarrollo social.

    La actividad de la universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de enseñanza, de investigación, de aprendizaje y de asociación.
    Cada universidad en particular goza de autonomía universitaria, que le confiere capacidad de autoorganizarse y autorregularse, conforme a la misión y la visión que desempeñe dentro del Estado social de derecho.

    Artículo 3.º. Las universidades cuentan con autonomía plena, no absoluta, en consecuencia, los límites de ella son el respeto a los principios y valores del Estado social de derecho, a los derechos fundamentales, al orden público, al interés general y al bien común.

    Artículo 4.º. Las universidades públicas no son parte integrante de la administración estatal, por tanto son organismos independientes del poder ejecutivo y estarán sometidas a un régimen especial.En estas universidades, la representación gubernamental no podrá ser mayoritaria en su máximo órgano de gobierno ni ser presidido por estos.

    Artículo 5.º. En ejercicio de la autonomía universitaria, las universidades tienen las siguientes facultades:

    1. Darse y modificar sus estatutos y reglamentos;
    2. Establecer las calidades de sus directivos y los mecanismos de elección, designación y períodos de sus correspondientes órganos de gobierno y representación;
    3. Definir, organizar y desarrollar sus planes de estudio e investigación y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos, culturales y de bienestar;
    4. Seleccionar, formar, promocionar y evaluar al personal docente y administrativo, así como determinar las condiciones en que han de desarrollar sus actividades;
    5. Definir la admisión, régimen de permanencia y evaluación de los estudiantes;
    6. Expedir títulos de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional, así como los certificados y diplomas que correspondan, según el nivel de formación ofrecido;
    7. Elaborar y aprobar sus planes de desarrollo y de acción, los presupuestos y planes de inversión;
    8. Administrar su patrimonio y sus rentas ;
    9. Establecer relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales;
    10. Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de la misión institucional de la universidad, de conformidad con el artículo 1.º de la presente ley.

    Artículo 6.º. Los principios universitarios que informan y reconocen a la universidad su singular sistema de valores y que hacen parte de la formación de su comunidad, además de los reconocidos en la Constitución Política de Colombia, son:

    1. Excelencia académica. Abarca el desarrollo de procesos académicos de alta calidad, con equidad, igualdad y eficiencia, en una dinámica de cambio e innovación, lo que supone un esfuerzo colectivo e individual que formule estándares de calidad producidos por las comunidades universitarias atendiendo al interés general y al bien común.

    2. Transparencia. Comprende el libre acceso a la información universitaria a la que tiene derecho la ciudadanía, el deber de la universidad de proveerla de manera oportuna y fidedigna, y la debida imparcialidad en todas las actuaciones de los miembros de la comunidad universitaria.

    3. Participación. Mediante mecanismos idóneos y de conformidad con su identidad las universidades deben facilitar y propiciar los escenarios necesarios para que su comunidad intervenga en las decisiones, asuntos y acciones que la afectan.

    4. Ética. Orientada en la comunidad universitaria a lograr un impacto positivo en la sociedad mediante actitudes soportadas en valores de equidad, justicia, responsabilidad, rectitud e inclusión.

    5. Bienestar universitario. Comprende el conjunto de condiciones necesarias que garantizan a todos los miembros de la comunidad universitaria un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades académicas.

    6. Actos académicos. La expresión institucional de una universidad se hace bajo premisas académicas que conforman un cuerpo normativo general o una decisión frente a un caso particular, en cuyo caso son objeto de control constitucional únicamente por violación de derechos fundamentales.

    Artículo 7.º. El Estado deberá consultar a las comunidades académicas de las universidades y considerar sus propuestas en los procesos de discusión y formulación de políticas públicas sociales, económicas y culturales para el desarrollo del país

    Artículo 8.º. Créase el Consejo Nacional Universitario como organismo para la concertación de políticas públicas educativas, del plan sectorial y como ente privilegiado para la deliberación y coordinación de acciones para la universidad colombiana.

    Artículo 9.º. El Consejo Nacional Universitario estará conformado por el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el presidente y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), el ministro de Educación Nacional, el director de Colciencias, un rector de universidad pública regional elegido en el Subsistema de Universidades Públicas (SUP), dos rectores de universidades privadas para períodos de dos (2) años, los cuales podrán ser reelegidos hasta por un período adicional, un profesor universitario y un estudiante regular universitario.
    Parágrafo. El proceso para la elección de los miembros no estables se llevará a cabo de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo.

    Artículo 10. El Consejo Nacional Universitario expedirá su reglamento en el cual regulará lo relativo a sus sesiones y presidencia.

    Artículo 11. El Estado garantizará a las universidades para el cumplimiento de su misión y el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria, el acceso a recursos financieros públicos y privados, nacionales o extranjeros, en condiciones de equidad y transparencia, sin menoscabo de su independencia ideológica, académica y de gestión.

    Artículo 12. El Estado debe financiar el funcionamiento de las universidades públicas y garantizar la realización de su plan de inversiones.

    Artículo 13. El Estado determinará conjuntamente con las universidades públicas y por ley ordinaria, un modelo de financiación que tenga en cuenta los costos universitarios en docencia e investigación, la cobertura gradual y que propugne y preserve la excelencia académica.

    Artículo 14. La inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la función social del servicio público cultural que prestan las universidades, compete al Presidente de la República de conformidad con la Constitución y la ley, y sólo podrá ser delegada en el ministro del ramo. En tal virtud el Gobierno queda facultado para:

    1. Hacer efectiva la garantía constitucional de la autonomía universitaria.
    2. Proteger el derecho de los particulares a que los establecimientos de Educación Superior sean reconocidos como universidades.
    3. Proteger el derecho que le asiste a los individuos miembros de las comunidades académicas erigidas como universidades, de ejercer la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de aprendizaje, la libertad de opinión y el derecho de asociación.
    4. Velar por la calidad de la educación universitaria.

    Parágrafo. Sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia a cargo del Presidente de la República, según determine la ley, estas no podrán invadir las facultades derivadas de la autonomía universitaria determinadas en la presente ley.

    Artículo 15. El Estado en la regulación del servicio público garantizará la presencia y participación de las comunidades académicas agrupadas en las universidades, en la construcción y aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.

    Artículo 16. La inspección y vigilancia que le corresponde ejercer al Presidente de la República sobre la prestación de los servicios públicos, las instituciones de utilidad común, la enseñanza y la educación, cuando se trate de universidades, no podrá vulnerar la autonomía universitaria.

    Artículo 17. Procederá la acción de tutela para la defensa de los individuos de las comunidades académicas erigidas como universidades cuando se amenace o atente contra la autonomía universitaria en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia. Dicha acción podrá ser interpuesta por el rector de la universidad afectada.

    Artículo 18. El Estado reconocerá los títulos profesionales expedidos por las universidades, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que ejerza para garantizar la calidad del servicio público cultural que ellas prestan y sobre el ejercicio de las profesiones.

    Artículo 19. La última semana del mes de abril de cada año, las universidades reconocidas en Colombia efectuarán una jornada de rendición pública de cuentas del año inmediatamente anterior, ante la comunidad universitaria y distintos sectores de la ciudadanía, quienes serán invitados a través de un medio masivo de comunicación.

    El rector o representante legal de cada universidad reconocida en Colombia, serán los responsables de la preparación, organización y desarrollo de dicha jornada, así como de su difusión a través de los diferentes medios con que cuente la institución.

    Artículo 20. El proceso de rendición de cuentas deberá comprender las actividades de docencia, investigación, extensión, así como la gestión administrativo-financiera, especificando los avances y logros en cada caso.

    Artículo 21. La presente ley rige a partir de la fecha y deroga todas las normas que le sean contrarias.


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