Etapas y Realizaciones en la Formulación de las Políticas de Educación Superior

I – Etapa preparatoria: 1992-1998


Impacto de la Ley 30 de 1992 (1992-1998)

La calidad de la Educación Superior ocupa un papel definitivo en el diseño y la promulgación de la Ley 30 de 1992, que era una exigencia surgida de la nueva Constitución del país, promulgada en 1991, y de las circunstancias preparatorias para adecuar al Estado colombiano a los requerimientos previsibles e impuestos por su ingreso a un nuevo milenio. Es una exigencia surgida en el escenario de la justicia y la equidad, que se traduce en la necesidad de adecuar las estructuras educativas del país a fin de dar cabida al ingreso multitudinario de nuevos bachilleres procedentes de todas las regiones, de tal manera que no solo ejerzan el derecho a participar en los beneficios del progreso del conocimiento, sino que los puedan realizar en instituciones educativas que respondan a criterios de calidad y excelencia.

La Ascún, como representante de las universidades del país acogió con entusiamo los objetivos y propósitos establecidos por la ley y se comprometió con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, en la tarea de ayudar a diseñar y poner en funcionamiento la acreditación como el mecanismo existente en otros países y regiones del mundo que, si bien era nuevo en el panorama de Colombia y América Latina, había cumplido resultados comprobables en las naciones más avanzadas respecto del progreso de la Educación Superior con calidad y equidad. Estos son los aspectos que se amplían en los apartes del presente capítulo, con la adición del trabajo preparatorio que se realizaría a finales de la década para la participación de la universidad colombiana en la Asamblea de Educación Superior convocada por la Unesco.

En los documentos que forman parte de este capítulo se considera que el proceso de acreditación es una actividad por asumir desde las instituciones, no solo con un criterio de responsabilidad, sino como un acto de presencia y voluntad de la autonomía universitaria. Esta posición difiere un tanto de lo que ha sido la apropiación de los procesos de acreditación por parte del Estado, mediante una agencia establecida para su implementación la cual considera la acreditación como un don institucionalizado y como un acto oficial otorgado desde la autoridades en ejercicio, lo que en ocasiones tiende a disminuir o a poner en duda el valor de su reconocimiento por parte de los pares de las comunidades académicas (directivos, profesores, estudiantes). Así, la acreditación desde el punto de vista del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Gobierno es el reconocimiento oficial de la mayoría de edad institucional, lo que a su vez crea incoherencias o devalúa el reconocimiento inicial que se les había otorgado a las entidades educativas y a los programas con licencia de funcionamiento, lo que ciertamente no fue el espíritu inicial con el que se institucionalizó y reglamentó dicho proceso.

A – La orientación por la calidad

La ley 30 abrió para la Universidad la puerta del ejercicio de una autonomía responsable mediante la ejecución de los procesos de acreditación. Por esta razón la etapa inmediatamente posterior a 1992 está marcada por la necesidad de entender y aplicar este concepto que, si bien era conocido en el ambiente universitario, se tornó prioritario por los preceptos de la Ley y por la voluntad del gobierno de poner en ejecución un mecanismo para regularla e implementarla con la creación del Consejo Nacional de Acreditación. Ascún se comprometió tanto con la aclaración del concepto de calidad, como con los esfuerzos para lograr los propósitos y resultados esperados por la aplicación de la ley a través de la creación y puesta en funcionamiento del organismo rector de la calidad de la Educación Superior.

    El establecimiento del Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la Ley 30 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia. Ese mandato es una respuesta a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así derechos legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de Educación Superior y la sociedad global. (MEN & CNA, 1998)

La reflexión de Ascún sobre la participación en el Sistema de Acreditación

La Ley 30 de 1992, por medio de la cual se reestructuró el servicio de Educación Superior del país, tuvo como una de sus principales finalidades el incremento sustancial de la calidad del servicio educativo. La Educación Superior colombiana en los últimos cuarenta años experimentó una expansión masiva ante el crecimiento de la demanda y la correlativa aparición de instituciones educativas; además, se presentó una gran diversificación de programas para atender las necesidades formativas resultado de los procesos de modernización económica y política.

La acreditación certifica la calidad del trabajo universitario mediante la autoevaluación y la evaluación por pares. Se pretende que cada institución desarrolle, en primer lugar, un proceso de autoevaluación que tenga en cuenta variables claves para establecer la calidad de los programas ofrecidos, y, posteriormente, acuda al organismo acreditador para que a través del apoyo de pares académicos se pueda determinar la fidelidad del autoexamen realizado.

El logro de la acreditación es resultado de la creación en cada universidad de una cultura de la autoevaluación y la autorregulación. Se entiende por autoevaluación el proceso de análisis y reflexión que permite señalar cuáles son los estándares de calidad a los que puede y debe aspirar la universidad en un momento dado y la verificación de cuál es la situación de la entidad en relación con dichas metas; y por proceso de autorregulación, el control que se ejerce dentro de la misma universidad para vigilar el cumplimiento de las medidas y decisiones que se tomen para corregir las debilidades, superar las limitaciones y alcanzar las metas previstas.

La autoevaluación y la autorregulación no ocurren en un espacio vacío. Se dan en instituciones que tienen sus propios valores, expectativas, autoimagen, filosofía y formas de organización y de comportamiento social. Por lo tanto, no pueden establecerse dichos procesos al margen de los esquemas culturales existentes en cada universidad. Tampoco puede estar ausente para el establecimiento de estos procesos la consideración de situaciones históricas, económicas y sociales que circunscriben y constituyen el ámbito de acción y de posibilidades en que se mueven y viven las instituciones de Educación Superior.

Los factores culturales que es preciso tener en cuenta, respecto de la autonomía de cada institución, son:

  1. Los valores de orientación filosófica e ideológica propios de cada institución, principalmente en lo que se relaciona con la función del Estado y la orientación política de la sociedad, en cuanto al papel de los gobiernos en el control y vigilancia de la educación.

  2. El origen histórico y la naturaleza de creación o establecimiento de la institución universitaria (sectores público y privado). Naturaleza jurídica de la institución universitaria.

  3. La concepción que tenga la universidad sobre los conceptos de calidad de la educación y excelencia académica. (Estándares de calidad, sistemas de control y supervisión de la calidad, niveles esperados y posibles de excelencia académica, gerencia de la calidad y del servicio educativo).

  4. La orientación u opción académica de la universidad en relación con dos ejes fundamentales: el de humanismo-tecnología y el de docencia-investigación.

  5. La concepción de la ciencia que prevalezca en la universidad y la función que defina esta como prioritaria en lo atinente a la ciencia y la búsqueda de la verdad científica (investigación pura, investigación aplicada, relación docencia-investigación, difusión de la investigación, transferencia tecnológica).

  6. La naturaleza de las relaciones de autoridad, y los valores de ella dependientes, tales como: representación de los distintos estamentos en la toma de decisiones, los canales y mecanismos de participación, la organización de canales de comunicación e información entre los diversos niveles de la organización, el manejo del recurso humano y los sistemas de mantenimiento, la promoción del personal académico y administrativo.

  7. La concepción sobre el papel social de la universidad y sus relaciones con el entorno socioeconómico y sociohistórico, en lo que respecta a factores de criticidad, innovación, cambio, prestación de servicios y creación de nuevas opciones sociales.

  8. La concepción sobre la función de la Universidad en relación con las personas (estudiantes, profesores, administradores) en lo que tiene que ver con su formación integral, humanística, profesional, y el desarrollo del potencial humano.

  9. La praxis educativa propia de la universidad, sobre todo en lo que corresponde al balance entre enseñanza y aprendizaje, manejo individualizado o formalizado de la educación, educación abierta, educación continuada, educación permanente, formación para el aprendizaje, desarrollo de medios y tecnologías educativas, informática, telemática, campus virtual y procesos de evaluación académica.

  10. La autoimagen de la institución universitaria en lo conexo a su función social y la posición de importancia que ocupa en relación con sus grupos de referencia: constituyentes; sectores de la comunidad en los niveles locales, regionales o nacionales; grupos profesionales; gremios del trabajo y de la producción; empleadores y egresados.

  11. La forma de concebir la responsabilidad social en lo relacionado con la claridad y transparencia de la información, y con el mantenimiento de canales permanentes de comunicación de doble vía con y para la sociedad.

  12. El valor que se le adscribe en los niveles institucionales al trabajo en equipo, personal y grupal; y a la participación en redes de investigación, intercambio y transferencia con entidades pares y otras organizaciones sociales en los niveles nacionales e internacionales.

Este listado sirve como marco de referencia para desarrollar el propio modelo de autoevaluación y autorregulación, con base en la responsabilidad social de cada institución de Educación Superior.
Para iniciar dichos procesos se debe partir de una clarificación y explicitación propia y autónoma de los valores arriba señalados, en forma de una ‘declaración de principios’ (documento de políticas de acción), lo que conducirá necesariamente a reconocer la necesidad que tiene cada institución de vigilar su cumplimiento mediante actividades, procesos y mecanismos claramente explicitados (plan de evaluación y autorregulación).

Se crea así la actitud evaluativa (cultura de la autoevaluación) como un esquema permanente de valores y comportamientos institucionales construido a partir de los principios rectores de cada universidad, coherente por lo tanto con el cumplimiento de su particular misión educativa, crítica e investigadora, en ejercicio directo de la autonomía y responsabilidad que le son propias e inalienables.

B – Diseño de un marco de referencia para elaborar la política pública de Educación Superior

Una segunda actividad de la Ascún en este período se concentró en la preparación de los documentos que debía llevar el país a la Primera Asamblea de la Educación Superior convocada por la Unesco en 1998, la cual tuvo una etapa preparatoria en Cuba, en 199653, donde se discutió la elaboración de políticas públicas en los siguientes asuntos: el papel de la Educación Superior en las tendencias de cambio social, económico y cultural; los desafíos en el mundo productivo, de la ciencia y la tecnología; las nuevas formas de circulación, acceso y organización del conocimiento; los cambios necesarios en las organizaciones y estructuras de las instituciones de Educación Superior; la necesidad de cooperación e integración regional e internacional, y, la construcción de nuevos escenarios para la Educación Superior.

Las preguntas cruciales que se propusieron como marco de referencia para la elaboración de políticas públicas de Educación Superior por parte de la Asamblea General de Unesco se centraron en estos tópicos:

  • La producción de conocimientos (garantizar la calidad de investigación de las universidades).

  • La distribución de los conocimientos (temas relacionados con la apertura y el acceso al conocimiento).

  • La asignación de recursos y la gratuidad de la educación.

  • Las relaciones con el Estado; balance entre control y vigilancia en el ámbito de la autonomía.

  • Los cambios internos en las instituciones (asuntos relacionados con tendencias a la burocratización, y defensa del servicio y el desarrollo académicos).

  • La atención a las mayorías poblacionales desatendidas, especialmente en lo relacionado con la construcción del capital humano y social).

  • Las relaciones con el sector productivo en lo atinente a la posibilidad de atender a las nuevas y crecientes demandas económicas e industriales.

  • La construcción de valores y la eticidad ciudadana, como tarea ineludible de la formación universitaria.

  • Las relaciones con la ciencia y la tecnología, de modo relevante en el área de posgrados, que atiendan los crecientes desarrollo de las técnicas y conocimientos en las diferentes disciplinas.


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