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El papel de la educación en el desarrollo regional y la paz

La sociedad colombiana se encuentra frente a una decisión histórica de grandes proporciones. Varias generaciones han visto como el sueño de alcanzar el fin de una guerra fratricida se ha postergado por décadas con secuelas incalculables para el tejido social del país, su aparato productivo y las posibilidades de lograr una paz estable. Se trata del inicio de un proceso que aún requiere modificar sustancialmente nuestra cultura política, anclada de tiempo atrás en el desconocimiento del otro como interlocutor válido y el uso cotidiano de la violencia como modelo eficaz para dirimir los conflictos, Igualmente, de unas nuevas reglas de juego que en esencia permitan la sostenibilidad futura de nuestro proyecto político como Nación, definitivamente instalados en el conjunto de países que aspiran a una mejor calidad de vida de sus conciudadanos, con instituciones democráticas fuertes y oportunidades y capacidades humanas básicas para grupos poblacionales diferentes y heterogéneos a lo largo y ancho de nuestra geografía y territorio nacional.

El fenómeno de la pobreza y la exclusión social aún se constituyen en barreras para para el pleno desarrollo de las capacidades humanas en nuestras regiones, a pesar de los avances en la disminución de la pobreza monetaria. Esto se evidencia en cosas tan elementales, pero importantes, como la inseguridad alimentaria que allí se acentúa, según las Encuestas Nacionales de Seguridad Alimentaria (Déficit y exceso de peso corporal, Déficit de vitamina b12, Anemia por deficiencia de hierro). Así, por ejemplo, uno de cada dos hombres de los departamentos del Guaviare (53,6%), Arauca (50,8%) tienen obesidad abdominal. En Colombia con el Informe de Desarrollo Humano del 2011, se evidenció la falta de equidad y convergencia ente el sector rural y urbano del país, y por la tanto, la existencia de un modelo de desarrollo rural que es excluyente y no promueve la sostenibilidad ni la construcción social de las regiones.

Con frecuencia se nos indaga sobre cuál es el papel que las instituciones académicas desempeñan en el desarrollo regional y – en general-, cómo se manifiestan frente a los problemas más álgidos de nuestros ecosistemas naturales. La Universidad Industrial de Santander realizó – en noviembre del año pasado- una expedición académica que denominamos “Paz a la Selva”. Un recorrido por 11 municipio y 18 corregimientos del Meta en el que participaron docentes y equipo profesional, prácticamente de todas nuestras facultades, que establecieron contacto directo con comunidades allí establecidas. Este año – durante los meses de junio – julio hemos llegado a tres Zonas Verdales Normales de Transición (Mesetas en el Meta, Colinas en el Guaviare, Filipinas en Arauca) con diplomados (Formación de Formadores para Cambio Climático, Jurisdicción Especial para la Paz, Administración Pública para Zonas de Conflicto), en un acercamiento que pretende generar futuros desarrollos académicos e interfaces con el sector productivo e institucional en estos departamentos.

Hemos podido observar una preocupación creciente de las comunidades en relación con las conexiones existentes entre medio ambiente y desarrollo y las posibilidades que las instituciones educativas como las nuestras pueden ofrecer en términos de conocimiento, capacitación y acompañamiento durante los próximos años. En este trasfondo institucional pueden acercarse nuestros grupos de investigación en una estrecha interacción con comunidades locales constituyéndose proyectos y programas académicos, investigativos y de extensión de largo aliento en la región oriental del país. Con el propósito de avanzar hacia un moderno Estado Social de Derecho es indispensable una nueva institucionalidad democrática que devuelva al campo y a los campesinos el estatus de personas dignas sujetas de derecho. Las universidades colombianas deben ampliar su oferta académica de calidad a partir de nuevas propuestas de regionalización encaminadas a llegar a zonas tradicionalmente de conflicto o poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad. En este sentido, los programas y proyectos académicos – presentes y futuros- deberán comprender la naturaleza de las vocaciones productivas de estos territorios, generando un interfaz de comunicación con una oferta académica que sea compatible con la propuesta de nueva ruralidad inclusiva que se requiere.

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